Pareciera que el rol de la Contraloría General de la República (CGR) ha llegado a su fin, cómo quisieran que esto ocurra los proclives al dinero fácil; el control, es necesario, más aún si se trata de los dineros que aportan los peruanos a través de sus impuestos; pero este sistema por demás sensible no puede continuar es manos de desalmados sinvergüenzas y caras duras que la han administrado en las tres última décadas.

  • La institucionalidad y presencia del control gubernamental  

La presencia de la CGR como una institución eficaz en el control de los dineros del Estado, es atribuible al Decreto Ley N° 19039 de 1971, con el cual se reorganiza la CGR creándose por primera vez el Sistema Nacional de Control. Correspondió al general Oscar Vargas Prieto iniciar ese proceso, el mismo que fue continuado por los generales Guillermo Schorth Carlín (1974), Leoncio Pérez Tenaud (1975), Luis Montoya Montoya (1978-1980), el recordado ingeniero Miguel Cussianovich Valderrama (1980-1987) y Luz Saenz Arana (1987-1992). En estas administraciones se logró presencia en el control de la administración pública y reconocimiento nacional e internacional del rol de la CGR. No había institución que estuviera exceptuada del control de los recursos públicos, la institución era respetada.

  • El declive y la farsa del control

El declive de la CGR comienza con un acto político, la destitución de Luz Aurea Saenz Arana, primer acto después del autogolpe del 5 de abril de 1992. Como reemplazante fue nombrada por el gobierno usurpador María Herminia Drago Correa (1992-1993), quien se encargó de desaparecer en la práctica el Sistema Nacional de Control y por supuesto a la CGR, puesto que de los 780 profesionales que trabajaban en la institución, durante su administración 700 especialistas del sistema fueron literalmente barridos; para ello recurrió a aplicar exámenes de suficiencia profesional que generaron una descalificación masiva. Es decir,  los ingenieros y profesiones afines tenían que dar exámenes de letras, y los abogados y de las ciencias sociales exámenes de matemáticas, para poner un ejemplo de los muchos que ocurrieron en aquella oportunidad.

La CGR quedó desmantelada y a partir de ese momento se iniciaron las contrataciones de amigos y familiares, “leales al gobierno”. El nombramiento de Víctor Caso Lay (1993-2000) fue otro desastre porque terminó condenado a cuatro años de cárcel por los delitos de “omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes”. Siguió la mediocre gestión de Carmen Higaona (2000-2001), a quien la Comisión Permanente del Congreso determinó su remoción del cargo por la “comisión de falta grave de los deberes funcionales”; ella había nombrado a Javier Dulanto Casanova, al cargo de auditor de la CGR que a la postre le significó su destitución. Dicho personaje tuvo participación en casos que ocasionaron perjuicio al Estado por cuatro millones de soles en operaciones de adquisiciones, concursos y licitaciones en Aduanas.La gestión de Genaro Matute Mejía (2001-2008), significó una golondrina en la conducción de la CGR, logró culminar su gestión sin ningún tipo de acusación y más bien al término de sus siete años de gestión fue invitado por organismos internacionales a participar en ellos. Incluso el 2010 fue invitado por el gobierno como Coordinador General y Secretario Técnico de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú[1], un infarto lo sorprendió en su trabajo. Fuad Khoury Zarzar (2009-2016), fue el sucesor de Genaro Matute, y una de las primeras medidas que adoptó fue subir su salario a treinta mil soles, fue el único funcionario que ganaba el doble del presidente de la república. Consiguió mejorar los presupuestos la CGR, se crearon subsedes regionales para el mejor control de los dineros del Estado, pero cosa curiosa, en las sedes donde existen estas oficinas regionales, es donde se han producido los mayores robos y actos de corrupción por los presidentes regionales y municipales. Mientras tanto el contralor se llenaba la boca indicando que “el controlador tenía que ser independiente apolítico y autónomo”. Durante su gestión de siete años es donde más se robó al Estado y tampoco estuvo exento de denuncias judiciales por el desacato de sentencias de los jueces peruanos a favor de los trabajadores de la CGR, incluso de la Corte Interamericana de Justicia lo que ha determinado que el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde le abriera investigación por la presunta comisión de delito contra la administración pública y desobediencia a la autoridad.

  • La CGR en descomposición

Culminada la gestión de Khoury Zarzar, se produjo el nombramiento por el congreso de Edgar Alarcón (2016), que venía fungiendo de Subcontralor; su nombramiento estuvo lleno de cuestionamientos y hoy la opinión pública se viene enterando de sus múltiples actividades ilícitas, el aprovechamiento del cargo, el conocimiento de información privilegiada que le permitió adquirir propiedades y hacer negocios cuando su cargo se lo impide. Dice que actuó dentro de la ley, que no renunciará, claro que no lo hará, porque es de los que encarnan la práctica indecente de “hecha la ley hecha la trampa”.

Para caras duras ya es más que suficiente, el país y la gente decente que todavía existe reclama de sus dirigentes y gobernantes ocasionales una reorganización total de la CGR pero no con el criterio político que se produjo a partir de 1992 sino con criterio de un país que aspira a ser grande donde sus nuevas generaciones ven con asco y repulsa todo lo que aquí se tolera por los políticos y principalmente por el poder judicial.

La impunidad no puede ser un manto de protección frente a tanto sinvergüenza que no le importa que su nombre se manche, que avergüence a su familia con tal de seguir robando al Estado que también es nuestro y tenemos el derecho y la responsabilidad de defender. Para cerrar esta nota hemos tomado conocimiento que el cuestionado contralor Alarcón, continua con el desacato de las sentencias judiciales. Estos son los personajes que han destruido el sistema de control.

[1] Actualmente, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ha solicitado que no concurra a sus reuniones el cuestionado contralor Edgar Alarcón.

This Post Has 4 Comments

  1. Liliana Carmelino de Li

    Muy buen comentario Dr. Castro. Justo y preciso. Esperamos que este artículo llegue a los medios de difusión y le den cabida a la Junta Directiva de la Asociación de Cesantes y sobre todo a los poderes del Estado a fin de que se nos haga efectivo nuestros devengados cuyo origen está precisamente en haber pretendido conculcar nuestros derechos pensionables.

  2. Renato Castro Monzón

    Gracias por el artículo Dr. Castro, gracias por la refrescada de información. La misma agrupación de 1992 es la que actualmente maneja el congreso, que podemos esperar de la contraloría así remuevan del cargo a nuestra joyita Alarcón, el que entre seguirá la misma línea. Llámenme pesimista pero creo que iremos cada vez peor y peor.

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *