La regionalización en sus inicios

En la Constitución de 1979 se estableció que el Perú debía adoptar una organización regional para acabar con el centralismo que bloqueaba las aspiraciones de las poblaciones del interior del país. En el último año de la segunda presidencia de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) se aprobó la Ley de Bases de la Regionalización.

Correspondió al primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) implementarla y como resultado de ello se establecieron 12 regiones: Grau, Nor Oriental del Marañón, Víctor Raúl Haya de la Torre, Chavín, Lima, Andrés Avelino Cáceres, Ucayali, Los Libertadores-Wari, Inka, Arequipa y José Carlos Mariátegui. Es decir, el Perú cambió su vieja estructura político-administrativa y en lugar de contar con más de veinte departamentos y cientos de provincias se instalaron 12 regiones.

No cabe duda que era un gran paso con el que se iniciaba una nueva estructura de organización geopolítica para hacer del Estado una institución más eficaz en el gasto y los proyectos de desarrollo atendieran a las poblaciones que los necesitaban. También ello representaba una significativa reducción del gasto corriente que se va en la burocracia y en los equipos de funcionamiento de cada unidad administrativa.

Esta primavera duró siete años, porque después del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, del 5 de abril de 1992, el gobierno autócrata, dejó sin efecto las 12 regiones y determinó que cada departamento se convertía en una región. Así, de un sopetón volvió el país a contar con 25 regiones que comenzaron llamándose Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR).

Esta es la triste historia de una idea que tanto José Carlos Mariátegui en sus “7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana” (1928), señalaba en el punto VI titulado Regionalismo y Centralismo, que el centralismo era uno de los temas por ser resuelto; por otro lado Víctor Raúl Haya de la Torre, también indicaba en sus diversas obras y discursos que el centralismo formaba parte de un problema que bloqueaba el desarrollo del interior del país.

Una organización regional camino al fracaso

Constituido el país en las mal llamadas regiones, ya que el concepto sufrió una distorsión al convertir a cada departamento en región, este hecho absurdo y retrogrado fragmentó al país en 25 gobiernos regionales, 200 municipalidades provinciales y más de 1800 municipios distritales; el perjuicio político e institucional, ya estaba hecho, y el fracaso de la regionalización era cuestión de tiempo.

Con el retorno de la democracia el año 2000, el presidente Toledo (2001-2006) convocó a un referéndum para que el pueblo decida si acepta la propuesta de fusión de algunos departamentos a los que se denominarían  “macro regiones”, entre las que se encontraban 16 departamentos dispuestos a fusionarse en 5 regiones: a) Región Cusco-Apurímac,  b) Región Sur Andina (Arequipa, Puno y Tacna), c) Región Ica-Ayacucho-Huancavelica, d) Región Nor-Centro-Oriental (Áncash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco) y e) Región Norte (Lambayeque, Piura y Tumbes). El referéndum rechazó está propuesta que respondía exclusivamente a intereses de los grupos de poder locales y de ese modo se consolidaba la organización departamental.

La transferencia de funciones y la falta de control eficaz

Los gobiernos de Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) no replantearon la organización de 25 regiones y se limitaron a transferir millonarios presupuestos y funciones dubitativas a las regiones. Así, el presupuesto se constituyó en el festín de los gobiernos regionales y de los municipios provinciales y distritales.

Por otro lado, los mecanismos de control de los recursos públicos transferidos a las autoridades subnacionales, como se dice ahora, tampoco marcharon a la par de las nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito que se podrían producir y que de hecho así ocurrió.

En todos estos años, desde 1992 a la reciente crisis institucional de la Contraloría General de la República (2017), donde circularon seis contralores cuestionados, de los cuales cinco fueron obligados a renunciar por incompetencia profesional, cada uno de ellos se mostraron tolerantes con la corrupción; pero para disfrazar su imagen institucional optaron por una estrategia de acercamiento a los centros del gasto público para evaluar el manejo de los recursos del Estado como establece la ley; cosa curiosa, en los lugares donde se encontraban estas sedes de la Contraloría General, resultaron siendo los lugares donde más se despilfarró los recursos del Estado y donde más se produjeron casos de corrupción.

Precisamente un reciente informe del diario La República (26/8/2017) titulado “Todas las regiones con autoridades procesadas en casos de corrupción”, señala que lo que sí se ha descentralizado y bien, es el delito. Según dicho informe hacia julio de 2017, se han presentado 35,038 casos de corrupción, que realmente revelan que el control fue un gran ausente en este proceso de descentralización donde los resultados ponen de manifiesto que lo único que se descentralizó y muy bien ha sido la corrupción; problema frente al cual, ninguno de los tres gobiernos anteriores que ni el actual, tienen y asumen una posición de avanzada para liberar al país de este mal tan dañino y destructivo de la moral y la ética pública.

La regionalización es un fracaso que nadie quiere afrontar

El país no puede continuar con una organización regional de 25 departamentos, el país está atomizado, son 25 burocracias con todas las comodidades que salen a relucir cada vez que se desplazan en poderosas camionetas 4×4, son 25 feudos que nadie quiere ni intenta integrarse a otra localidad próxima para juntos planificar su desarrollo. Para qué, si a cada departamento-región le toca su presupuesto millonario, de ahí surgen las inversiones y las figuras corruptivas que todos los días se denuncian. Tenemos a más de 19 gobernadores regionales presos por corrupción, otros fugados y otros en proceso; por qué insistir entonces en un modelo de gobernar que no corresponde a los tiempos actuales.

A los gobiernos les es fácil atender la clientela política que se genera con los presupuestos asignados; en este sentido, el Presupuesto de la República para el ejercicio 2018, asciende a S/ 157,158 millones, monto que representa un aumento del 10% con relación a los S/ 142,471 millones del año que culmina, todo esto será distribuido entre el gobierno central y las regiones. Por eso el debate de los próximos años tiene que dirigirse a  plantearse una organización político-administrativa como la que en su oportunidad propuso el maestro Javier Pulgar Vidal, o volver a las 12 regiones originales que una dictadura la frustró. Insistir en algo que muestra fracaso y malos manejos es decirle al país que nos les interesa el futuro.

 

Casos de corrupción regional
Tumbes 650
Piura 860
Cajamarca 1,136
Lambayeque 1,667
La Libertad 1,351
Ancash 2,122
Lima 5,836
Callao 435
Ica 718
Arequipa 1,458
Moquegua 916
Tacna 543
Amazonas 290
San Martín 762
Huánuco 999
Pasco 647
Junín 1,769
Huancavelica 434
Cusco 1361
Apurímac 600
Puno 1,442
Madre de Dios 502
San Martín 762
Loreto 996
  Fuente: La República 26/8/2017

 

Casos de corrupción provincial
Bagua 362
Atalaya 98
Cañete 397
Chincha 154
Del Santa 912
Huara 422
La Convención 330
Moyobamba 282
Yurimaguas 183
Sullana 327
Fuente: La República 26/8/2017

 

Organización del país en 12 regiones

 

Organización del país en 25 regiones

 

Plan de demarcación geográfica de 1984

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *