La muerte de Fidel Flores Vásquez en Cajamarca por el disparo de un proyectil anti motín, deja al descubierto una vez más, que el actual gobierno no tiene clara la tarea garantizar la seguridad de las personas, no está enterado que la soberanía hace mucho tiempo ha cambiado de prioridad, ya que antes la única soberanía que interesaba a los gobiernos era la soberanía del Estado; hoy la soberanía la tiene el ciudadano y es a quien el Estado y sus instituciones tienen la responsabilidad de proteger. Así reza el artículo 1 de la Constitución vigente al señalar que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, también el artículo 64 dispone que el Estado tiene como deber principal proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, cualquiera que ella fuere.
Ahora bien, desde que el ex Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan planteara la pregunta ¿qué se debería de hacer cuando los gobiernos violan los derechos humanos de los ciudadanos? las respuestas no se han dejado de dar en democracias débiles como la nuestra, y en el Perú de hoy, es más urgente controlar lo que hacen los responsables que conducen las instituciones encargadas de dar garantías a la ciudadanía para que pueden vivir en paz y armonía.
El Estado peruano de hoy, tiene que estar estructurado para proteger al ciudadano y no para ser víctima de él, ese ogro filantrópico como lo llamó Octavio Paz. Aquí ya tenemos a eso ogro filantrópico, que resulta ser una suerte de actor dicotómico, por un lado bondadoso, sensible a la pobreza y creando el ministerio de la inclusión social, otorgando beca 18 a los jóvenes de menores recursos del país, pensión 65 a los ancianos que nunca tuvieron ocasión de aportar por una pensión digna, pago a los fovanistas con montos míseros que no reflejan lo que este ogro les quitó del bolsillo por años en nombre del bienestar social que nunca les llegó; pero por otro lado, cuando este ogro muestra sus fauces impacientes, es cuando deja ver su verdadero rostro, en este caso, es represivo, intolerante, irónico, sarcástico y violento, y no perdona nada ni a nadie porque dice que en una democracia se tiene que hacer cumplir la ley, por supuesto para los casos que le conviene. Este verdadero rostro del ogro filantrópico se muestra también cuando decide no pagar sus deudas a pensionistas pese a que juicios nacionales y cortes internacionales así se lo indican, no le importan que le llamen la atención, él se muestra soberano en sus decisiones; para ello este ogro está rodeado de jueces y fiscales corruptos, de policías y militares igualmente corruptos; los gobiernos regionales y locales que también son parte del Estado, se dedican a vaciar las arcas del erario nacional, y como al Estado filantrópico le interesa más dinero, aplica nuevos impuestos o inicia políticas llamadas reactivadores de la inversión, pero no hace nada ni dice cómo va a controlar los nuevos ingresos. Los órganos de control igualmente están pintados en el papel pero los funcionarios sí cobran puntualmente sus jugosos ingresos, ¿cómo es posible que a la Contraloría se le haya pasado que en su subsede de Chiclayo un alcalde reelegido haya podido robar tanto dinero y ni por curiosidad haya sido objeto de una acción de control? Tienen razón los que dicen que al actual sistema de control se le escapan hasta las tortugas.
Este Estado tiene que ser cambiado, no en su estructura constitucional ya que responde a los buenos deseos de lo que debe ser una sociedad, sino tiene que cambiar en su composición social y humana y enriquecer sus valores éticos y morales. Son los hombres que la conducen los que están fallando, aquí no está en tela de juicio ninguna institución, aquí los que tienen que ser cambiados y de raíz son sus integrantes. Cómo no se pueda dar una ley de emergencia que impida elegir a los actuales presidentes regionales que tienen un prontuario delictivo, la segunda vuelta debe de ser observada y de ese modo nos evitaremos más desprestigio de ese Estado que solo sirve a los que se enriquecen desde el cargo, a los que expropian a familias inocentes con leguleyadas y se brinda protección a sus autores.
Ninguna autoridad de hoy tiene interés en aprobar leyes que hagan imprescriptibles los saqueos al Estado por parte de funcionarios corruptos. Con las leyes actuales, hay muchos que han retornado a disfrutar del dinero mal habido porque ya prescribió el delito de apropiación de las arcas del Estado; son los nuevos ricos y disfrutan de lo que nada les costó.
A fin de cuentas, necesitamos un Estado que nos proteja no un Estado que asesine a sus ciudadanos. Necesitamos que no se siga incrementando la lista de peruanos que según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solo en este gobierno han fallecido cuarenta y seis personas en conflictos sociales y de ellos treinta y dos por armas de fuego de la policía y las fuerzas armadas. La ley 30151 y el Decreto Legislativo 1095 no han hecho otra cosa que favorecer la impunidad, no es esta la forma de proteger a la nación, es más bien la forma de hacerle sentir que el Estado está por encima de todo y que su soberanía como ciudadano solo sirve para pedirle el voto en cada proceso electoral. Este es un Estado conducido por un gobierno que no sabe cómo proteger a la nación. Así estamos en pleno siglo XXI.
