El caso Martín Belaúnde Lossio, hoy refugiado en Bolivia, incluso con un ingreso irregular reconocido por el presidente Evo Morales, es prácticamente un hecho donde la decencia de las personas honestas se ven moralmente afectadas. La estrategia del gobierno peruano que dice destacará una comisión de expertos para solicitar la entrega o la expulsión del ciudadano en cuestión, no es otra cosa que una nueva forma de embromar a los ciudadanos que reclaman justicia para quien se supone ha incurrido en inconductas que han motivado su decisión personal de huir del país. ¿No dicen que quién no la debe no la teme?; entonces por qué el presidente peruano dice que no lo conoce, que ya no lo trata ni conversa con él.
Martín Belaunde no ingresó legalmente a Bolivia, este hecho que en el caso de López Meneses funcionó en Colombia, ya que fue entregado a la justicia peruana de modo inmediato, no funcionará para Martín Belaunde porque la legislación boliviana está hecha prácticamente a su medida, sino reproduzcamos textualmente los contenidos de cinco artículos de la Ley de Protección de Personas Refugiadas, del 20 de junio del 2012:
Artículo 4. (NO DEVOLUCIÓN).
- Ninguna persona refugiada o solicitante de tal condición, cuya solicitud se encuentre pendiente de resolución firme, podrá ser devuelta a su país de origen o a otro país donde su vida, seguridad o libertad peligre por cualquiera de las causales que dieron lugar al reconocimiento o solicitud de la condición de persona refugiada.
- A efectos de la aplicación del presente Artículo, el rechazo en frontera y la extradición son consideradas formas de devolución de la persona.
Artículo 5. (IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN).
- El reconocimiento de la condición de persona refugiada tendrá el efecto de improcedencia de cualquier solicitud y procedimiento de extradición iniciado en su contra.
- La interposición de una solicitud de la condición de persona refugiada tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de la extradición de la persona solicitante, hasta que el procedimiento de determinación de dicha condición haya concluido mediante resolución firme.
Artículo 6. (NO EXPULSIÓN).
- Ninguna persona refugiada o solicitante de tal condición podrá ser expulsada del país.
- La expulsión únicamente se efectuará por razones de seguridad del Estado o de orden público, previo debido proceso, de conformidad a las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y del Ordenamiento Jurídico Nacional.
Artículo 7. (NO SANCIÓN). El Estado boliviano no impondrá sanciones penales ni administrativas, por causa del ingreso o presencia irregular de la persona solicitante de la condición de refugiada.
De manera que resulta inútil que el ministro Daniel Figallo envíe una comisión de expertos a Bolivia a informarse de lo que por Internet todos los peruanos ya lo sabemos. De lo que sí debemos de preguntarnos es a qué país será entregado el ciudadano Martín Belaunde; Evo Morales tiene ocho opciones para entregarlo y dilatar la impunidad, esas opciones lo conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); en consecuencia puede comenzar con Venezuela, éste lo derivará a Nicaragua, de ahí lo pasarían a Honduras, y sin necesidad de dar más vueltas por los ocho países del ALBA llegaremos al 2016 y con las nuevas autoridades, sabe Dios qué ocurrirá, de lo que sí estamos seguros es que la impunidad no puede seguir consolidándose en el país.
CORRUPCIÓN EN LA FAP: DEBEN SER DEGRADADOS
El país está prácticamente atravesado por la corrupción de arriba abajo, horizontal y verticalmente. Los recientes casos de pagos indebidos a generales del Fuerza Aérea del Perú por servicios efectuados por empresas estadounidenses que se beneficiaron de la designación como el que hoy se ventila por los combustibles donados a la institución pero que por la codicia de los altos mandos terminan en manos privadas, no son casos aislados como suele decir. Para todos estos casos se dice que se investigará y el personal involucrado será dado de baja; es decir se van a sus casas. ¿Y las sanciones? Nunca se sabe en qué consisten dichas sanciones.
Como las fuerzas armadas son instituciones vitales en la vida del país porque son responsables de la integridad territorial y garantizar la soberanía del país, se hace necesario que se pongan en práctica otro tipo de sanciones a estos traidores de la Patria. Por un lado la cárcel pero no esas doradas que existen en sus propios cuarteles que les brindan una serie de beneficios sino que deben ser degradados en público; se les debe arrancar las estrellas y galones que ostentan en las plazas públicas para que de una vez entiendan que no son cualquier institución sino son instituciones que el país necesita pero que no puede estar en manos de ladrones y sinvergüenzas donde la solidaridad y la lealtad consiste en proteger a este delincuentes de uniforme que reciben del Estado todo.
PODER JUDICIAL EN AYACUCHO UNA VERGÜENZA
Ha sido impresionante y desvergonzado ver que al terminar la juramentación de las nuevas autoridades judiciales de Ayacucho, en la puerta los estuviera esperando una gigantesca limosina para trasladar a estos “defensores de la justicia y la legalidad” en un vehículo extraño para la ciudad a un almuerzo de camaradería; por supuesto al que deben tener derecho.
A lo que tienen derecho es a despilfarrar los dineros del Estado, ¿a qué asesor legal se le ocurrió pedir que llegara a Ayacucho una limosina? Estos juristas de la sierra donde se levantó Sendero deben tener unas posaderas especiales.
La pregunta que siempre salta en estos casos: ¿y la Contraloría? Bien gracias. ¿Es que a nadie le importa que se haga con la plata que recaudan anualmente del contribuyente? ¿Cómo es que rinden cuentas? Señores del Estado la mesa está servida, los presupuestos a su disposición porque ningún órgano de control sirve para nada.
