Pareciera que el país está política e institucionalmente cayendo en la figura de un Estado Fallido o fracasado, que es la denominación que ha sido inventada para referirse a aquellos países del mundo en el que el Estado como institución, se muestra incapaz de resolver los problemas del desarrollo y seguridad. Realmente el gobierno se encuentra ante un cúmulo de muestras de incompetencia política e inoperatividad funcional y gestión, que la ciudadanía ve absorta cómo todo en el ámbito político del Estado se deteriora, principalmente por actos de corrupción.
Casos de deterioro institucional
En las narices de la Contraloría General de la República, órgano estatal que está llamado a realizar el control de las operaciones y recursos de los gobiernos locales, regionales y empresas municipales, el órgano que debe de cautelar el uso de los recursos de todas las organizaciones del Estado, efectuando el control periódico del gasto, como dicen los documentos reguladores de esta importante institución, simplemente viene resultando en la actual gestión, letra muerta. ¿Cómo es posible que al alcalde de Chiclayo que llevaba ya ocho años en el poder no se le pudo detectar oportunamente de los usos abusivos y corruptos de los dineros que se le asignaban vía el presupuesto? ¿Cómo es posible que este alcalde tuviera millones de soles escondido entre roperos y colchones, y su compañera poseer dos kilos de joyas en oro, contar con un edificio de más de un millón de dólares y nadie del sistema de control, se diera cuenta? Por estas situaciones dadas e imposibles de negar, resulta de mal gusto y extemporáneo el Comunicado Oficial N° 05-2014-CG de la Contraloría, publicado en los diarios de Lima (10/10/14) en el que se anuncia: “Contraloría General anuncia “shock” anticorrupción.
Definitivamente la Contraloría está pintada en la pared del Estado peruano, ¿para qué entonces cuenta con diecinueve (19) Oficinas Regionales de Control y cuatro (4) Oficinas de Coordinación Regional, y una precisamente en Chiclayo? Los hechos indican que el Sistema de Control simplemente ha fracasado. Con un total de veintitrés dependencias y una burocracia bien pagada como lo es el sueldo del contralor, los corruptos de los gobiernos regionales de Tumbes, Ancash, Loreto, Huánuco, Cajamarca, Ucayali y Pasco y los otros corruptos de los municipios como el de Chiclayo y de muchos distritos del país, han visto que las arcas del Estado pueden ser saqueadas, y cuando son denunciadas el Poder Judicial y el Ministerio Público, previa “aceitada”, archivan los casos como ha ocurrido con el archivamiento definitivo de catorce (14) denuncias contra el alcalde de Chiclayo. Aquí es donde encaja la frase corrupta de un ex presidente que aspira volver al poder: “la plata llega sola”. Un contundente ejemplo de esta afirmación es el caso del ex fiscal Superior de Lima Norte Alejandro Reyes Yábar, hoy prófugo, que se daba el lujo de ahorrar el 100 por ciento de su sueldo, depositarlo en los fondos mutuos para obtener rentabilidad, y sin sueldo para gastar, pudo viajar cuantas veces consideró al extranjero, comprar dos camionetas y dos casas adicionalmente; no hay caso que el dinero ilegal y corrupto llegaba solo a este integrante de la justicia peruana. Estos actos repudiables e inmorales son los que hacen que la población pierda confianza en sus gobernantes y en quienes dirigen las instituciones. Estos casos son indicadores de descomposición desde el interior del Estado.
Ante la infinidad de casos de corrupción y descomposición al interior del Estado, ni el ejecutivo ni el legislativo ambos poderes autónomos, hacen lo que corresponde para evitar un mayor deterioro de las instituciones del Estado. Con varios meses de anticipación se sabía que la lista de candidatos a los gobiernos regionales y locales contaba entre sus aspirantes a los cargos regionales o locales personajes prontuariados, se dijo que la violencia se iba a producir, precisamente en aquellos lugares donde el botín del presupuesto es apetecido por estos personajes corruptos e inmorales; se conocía que muchos de los que iban a la reelección se encontraban denunciados por actos de corrupción. Frente a esto ¿qué hizo el poder ejecutivo personalizado en el presidente de la República?, se limitó dos días antes de las elecciones a pedir a la ciudadanía “no votar por candidatos que tengan un prontuario negativo” ¿Es que acaso no estaba en su facultad dictar por excepción un dispositivo que sacara de carrera a todos los candidatos prontuariados?, claro que lo podía haber hecho y el país se lo habría reconocido, pero se limitó a pronunciar aquella frase cómplice con estos candidatos corruptos. Por otro lado, el congreso de la República llamado a dar los dispositivos que cambien o mejoren la ley de partidos, o eviten las candidaturas cuestionadas por la ley, la moral y la opinión pública, se limita a no brindar el quórum necesario para corregir las situaciones graves que se avecinan. De modo que ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo son por ahora los que brinden la solución a todas estas situaciones que colocan al país en la ruta de los Estados fallidos o fracasados.
Si queremos que el país no caiga en la suerte de los países fracasados o los Estados fallidos, es el momento que la ciudadanía haga llegar su voz para exigir, no a la reelección de ningún tipo; vale decir, ni de congresistas, presidente o de cualquier otra autoridad cuya legitimidad esté basada en el voto popular. Ahora podemos entender porque este gobierno le perdonó la vida al congresista Chehade, porque en su condición de primer vicepresidente de la República realizó un acto corrupto que justificó su total salida no solo como vicepresidente sino también como congresista. Aquí se pudo apreciar que el actual régimen no tiene una política abierta y directa contra la corrupción. Todo no es sino frase preparada y hueca. No cabe duda que el camino para convertir al país en un Estado Fallido ya está allanado, hay una zona del territorio que no es controlada por el Estado (VRAEM), los actos delictivos han superado la capacidad del Estado, el narcotráfico ha encontrado en el Perú su mejor espacio de abastecimiento de cocaína y amapola, la corrupción ha penetrado horizontal y verticalmente al Estado, existen fuerzas paralelas que poseen armas superiores a las que tienen las instituciones del Estado. Pues bien, los políticos tienen la palabra.
