El gobierno del partido personal de Pedro Pablo Kuczynski, camuflado como Peruanos por el Kambio (PPK) no está enfocando el problema nacional por sus raíces, sino que insiste en asignar más presupuesto a un tipo de organización político-administrativa que ha fracasado en el país. Nos referimos a los 25 gobiernos regionales.
El país, realmente en lugar de procurar volver a la organización regional de los 80 con 8 regiones, en el que se integraban varios departamentos, viene consolidando desde el autogolpe de 1992, la atomización de la organización departamental y a los departamentos los llama regiones; es decir, hasta lo conceptos han sido trastocados y tirados por los suelos.
El Perú del siglo XXI, requiere de una organización administrativa que responda a criterios geopolíticos de los tiempos actuales; por ejemplo, la Cuenca del Pacífico ya está constituida en el nuevo espacio geoeconómico y financiero mundial, para lo cual requerimos contar con barcos, puertos y una infraestructura de carreteras y ferrocarriles, que permita traer los productos de todos los lugares del Perú para su distribución mundial vía marítima.
Sin embargo, nadie habla de la necesidad de una organización territorial acorde con los tiempos modernos, y si hablan de reforma del Estado, este se limitan a asignaciones presupuestales que atónitos observamos está ocurriendo con el presupuesto para el año 2017. Incluso la ley orgánica de los Gobiernos Regionales durante el gobierno de Alejandro Toledo, aprobada el 8 de noviembre del 2002, afianzó más la organización departamental de 25 regiones.
El Ministro de Economía y el propio premier indican que los gobiernos regionales tendrán un incremento en 13.4% con relación a 2016. Y añade: “Estos recursos podrán aumentar en 22% al cierre del año con las transferencias del gobierno nacional”.
Recalcó que el incremento del presupuesto para las regiones obedece a la convicción del Ejecutivo de avanzar en la descentralización. “El monto del presupuesto para 2017 es uno de los más altos para las regiones”. Zavala subrayó que el gasto de capital priorizará la ejecución de obras fuera de Lima, principalmente en infraestructura en zonas rurales, para mejorar la equidad y competitividad del país.
Si tomamos en cuenta los despilfarros de la gestión anterior por parte de los gobiernos regionales, los hechos demuestran que 19 ex gobernadores regionales se encuentran respondiendo a 158 casos de corrupción; los gobiernos regionales de Ancash, Tumbes, Pasco, Cusco y Junín encabezan los mayores casos de corrupción. También está en proceso el caso del gobierno regional de Ayacucho en el que los funcionarios se encuentran comprometidos en 260 actos de corrupción. Ni qué se diga de los más de 1800 gobiernos locales donde campea también la corrupción.
¿Por qué vengo insistiendo en señalar que la organización regional de 25 regiones ha fracasado? porque todo asegura que los nuevos montos que se asignan a las regiones-departamentos manejados por estos oportunistas y aventureros de la política se volverán a traducir en los mismos gastos en los que han incurrido sus antecesores. Es decir, comprarán 25 nuevas camionetas 4×4, volverán a contratar la misma cantidad de burocracia que echan de la herencia anterior, las compras dirigidas y sobrevaloradas seguirán siendo asunto de todos los días, entre otras modalidades de adquisiciones que no vale la pena listar.
En una sola palabra, el Estado es el botín al cual quieren llegar a cualquier precio. Ya Jaime Antezana, especialista en temas de narcotráfico, en más de una oportunidad ha dicho que 14 gobernadores regionales han sido financiados por narcotraficantes.
Por ello es que el nuevo presupuesto no es garantía de que las obras que se necesitan en los pueblos del interior se lleguen a realizar, ni es garantía que las obras que se construyan sean las más adecuadas, puesto que los negociados con pésimos materiales están de por medio.
La Contraloría tiene que permanentemente realizar controles inopinados y preventivos de tanto dinero que solo sirve para el enriquecimiento de los poderosos locales y nacionales, quienes combinan esfuerzos para alcanzar sus objetivos. Las figuras de la colusión, apropiación ilícita, malversación de fondos tienen que ser detectadas a tiempo.
Abogamos por una discusión que conduzca a la adopción de una organización física del país, en el que se complemente las regiones transversalmente como fue la propuesta de Javier Pulgar Vidal. Soslayar este tema vital es simplemente repartir plata y hacer que los vivos de siempre se coludan para llevarse el dinero a manos llenas o hacer que sus allegados vía empresas previamente construidas por ellos mismos, ganen los concursos que están desde su inicio amañados.
Que esta posibilidad de cambio sea una realidad, que los dineros del Estado no sean mal usados es una responsabilidad de quienes los asignan y de quienes tienen la responsabilidad de controlarlos.
Nadie quiere entender que una reforma del Estado pasa necesariamente por su organización territorial, en cambio mantener el número actual de departamentos-regiones, significa necesariamente multiplicar 25 presupuestos, con los mismos gastos y las mismas compras, cada cuatro años nuevas burocracias; el dinero se distribuye en salarios y no alcanzan para las obras. Lo que ocurre es que si se volvieran a las 8 regiones existentes antes del 5 de abril de 1992, mucha gente tendría que irse de veras a trabajar y no a llenarse los bolsillos como se ha visto en el gobierno de Ollanta Humala y en los anteriores.
Ahí está el caso de Martín Bealunde Lossio, quien fue un activo asesor y creador de empresas para asistir a varios gobiernos regionales y hoy se encuentra preso precisamente por participar en la construcción de obras de otros gobiernos regionales como el de Ancash cuyo ex presidente también se encuentra preso.
De modo que, con la misma convicción que tiene el premier para incrementar los presupuestos de las regiones, con esa misma convicción debe ponerse a pensar y a actuar que el tema no da para más y la organización regional transversal es una necesidad para el país. No hacer algo al respecto, es coludirse, además, con la corrupción que campea por todas las instituciones del país, civiles, militares, policiales y de justicia.
