LA FUERZA ARMADA DESPUÉS DEL 3 DE OCTUBRE DE 1968

LA FUERZA ARMADA DESPUÉS DEL 3 DE OCTUBRE DE 1968
Jaime Raúl Castro Contreras
Ex viceministro de defensa
www.geopolitica.com.pe

La revolución del general Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, representa en la vida política del país, el inicio del fin del poder arbitral de la fuerza armada. Fue un poder que fue utilizado reiterativamente en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando a su real entender y en otros casos, con los auspicios de la oligarquía, se producía un golpe de Estado, porque el país atravesaba una grave crisis política, como ahora se dice, de gobernabilidad.

• Constituciones que favorecieron la intervención militar

Entre 1823 y 1933 se dieron en el país diez Constituciones que en sus diversos articulados, favorecían la intervención militar; la que mejor graficó esa intención, se expresó en la Constitución de 1933, que en el artículo 213 señalaba: “La finalidad de la fuerza armada es asegurar los derechos de la República, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la conservación del orden público”.

De modo que, cuando se produjo la revolución del general Velasco, este artículo fue invocado y fue reiterado como justificación del hecho político; precisamente en el discurso dirigido a la oligarquía el 7 de octubre del año 68, señalaba: “El gobierno anterior (Belaúnde), nacido legítimamente por voluntad popular en 1963, se prostituyó y se hizo ilegítimo en su ejercicio por su servicio incondicional a los intereses de grupo; por proporcionar apoyo a los apetitos económicos de quienes en casi toda nuestra vida republicana hicieron escarnio de nuestra soberanía y nos explotaron con alma de traficantes de esclavos. Tanto el gobierno como el parlamento incumplieron la constitución. Por eso, ante la conciencia más exigente, el advenimiento del Gobierno Revolucionario fue un imperativo que nuestros mayores habían grabado como mandamiento supremo en al artículo 213 que ordena a la Fuerza Armada “asegurar el cumplimiento de la Constitución y de las Leyes” [1]

El golpe del 3 de octubre, fue una actuación de los tres institutos armados que integran el sector defensa, fue el segundo movimiento institucional, ya que el primero bajo esta denominación corporativa se produjo en 1962, cuando el general Pérez Godoy, interrumpió la vida democrática al considerar que las elecciones de aquél año fueron fraudulentas; duró un año e inmediatamente convocaron a elecciones presidenciales.

• De una fuerza armada todo poderosa a una fuerza armada debilitada institucionalmente

Sobre los logros y fracasos del gobierno militar que comprendió doce años (1968-1980) de la vida política del país, otros colegas se vienen ocupando y considero que los cincuenta años transcurridos, todavía mantiene viva las pasiones a favor y en contra de los cambios y las consecuencias que trajeron en la vida del Perú. En esta nota me ocupo, de otro aspecto, en concreto, de la pérdida de ese poder arbitral[2] que durante el siglo XIX y el XX hizo que todo analista reconociera que la fuerza armada constituía un factor de poder que no se podía ignorar. Ello quería significar, que se podía gobernar con la fuerza armada pero no contra ella. Muchos recordarán y la historia lo registra que la fuerza armada expresaba opinión sobre muchos aspectos de la vida nacional y el Comando Conjunto fue el organismo que cumplía esa labor de observación y vigilancia, justamente al amparo del artículo 213 de la Constitución de 1933. Incluso para mayor abundamiento del poder que ejercía la fuerza armada, el gobierno militar del general Velasco, en muchos discursos expresó que: “La Constitución tiene valor en todo aquello que no se oponga al Estatuto de la Revolución Peruana”; es decir, un estatuto se ubicó por encima de la Constitución.

Esa presencia de la fuerza armada como poder arbitral todavía se manifestó en 1979 cuando el gobierno militar ya agotado y con presiones internacionales y locales por las huelgas de mineros, trabajadores industriales y maestros, principalmente, decide retirarse; pero lo hace, exigiendo a los políticos que se apruebe una nueva Constitución y en ella se registre los logros de la revolución peruana. Y así fue, la Constitución de 1979 que entró en vigencia en 1980, tuvo una connotación estatista y en mérito de ella, el Estado llegó a seguir administrando 220 empresas públicas. Políticamente, en 1980, momento en el que la fuerza armada se retira del poder, lo hace además, negociando su retiro, sin que se dieran casos de investigaciones ni enjuiciamientos a los militares que condujeron la revolución militar. Este hecho se diferencia de la transición ocurrida el año 2000 con la caída del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, el mismo que fue apoyado por la fuerza armada, la que concluyó con todos los altos mandos de la fuerza armada presos y algunos aún permanecen en prisión; ya eran otros tiempos y el poder arbitral ejercido durante dos siglos hoy se extinguió.

El declive del poder arbitral que ejercía la fuerza armada, se produce con la Constitución de 1979, que elimina los alcances del artículo 213 de la Constitución de 1933 y la fuerza armada dejó de ser consideraba como la institución tutelar del país, como se solía denominar y auto reconocer; habría que recordar que se tutela a la persona que no es capaz por sí mismo de valerse y requiere que otro asuma ese rol.

Comenzaron otros tiempos y por primera vez en aquella Constitución, se reconocía que la defensa nacional era una responsabilidad de todos los peruanos, que ya no era de exclusiva responsabilidad de los militares. Se fue perfilando un inicial sistema de control político de la fuerza armada y se inició la discusión de las relaciones civil-militares.

• De una visión militar a una visión multidimensional de la seguridad

La Constitución vigente de 1993, que reemplazó a la de 1979, cambió significativamente el rol predominante que mantenía aún la fuerza armada, se admite que los temas de seguridad y defensa nacional se conducirán por un sistema que será presidido por el presidente de la República. Se reconoce que la población civil tendrá una mayor participación en el sistema de seguridad y defensa nacional.

Se reconoce que la seguridad y defensa nacional  no tiene únicamente una dimensión militar, se admite a la luz de los cambios que se vienen produciendo en el mundo después del fin de la guerra fría, que la seguridad tiene un carácter multidimensional que comprende aspectos políticos, económicos, sociales y medioambientales, principalmente. Vale decir, que ahora se requiere la participación de civiles y donde la universidad tiene que tener una participación activa puesto que es la formadora de cuadros de profesionales que contribuyen al desarrollo nacional y en ese su quehacer al servicio de empresas privadas o internacionales, se debe contar con un conocimiento de lo que significa la defensa de los recursos que posee el país.

Y si bien la seguridad hoy es multidimensional, todavía no existe la argumentación sistemática de la forma cómo debe ser la participación en los llamados campos no militares; las instituciones siguen siendo administradas por militares, el pensamiento es militar y la relación con la universidad sobre estos temas es prácticamente inexistente. Quien escribe esta nota fue viceministro de defensa en 2004-2005 invitado por el ministro de defensa, general Roberto Chiabra, dirigí y publicamos el Libro Blanco de la Defensa Nacional (2005), justamente introduciendo una visión geopolítica y multidimensional aplicada a nuestro país.

Como se aprecia, el Perú en temas de seguridad y defensa nacional, que antes era exclusividad de los militares, es otro después de 50 años de transcurridos de la revolución del general Velasco Alvarado. Sin embargo, falta una mayor cercanía y una mayor confianza en la relación civil-militar, que permita actuar al consuno frente a los riesgos y amenazas que se ciernen sobre el país; puesto que no todo se puede defender con tanques, cañones o aviones, sino que la defensa de los recursos se tiene que hacer desde la universidad y las instituciones civiles, pero ellas deben tener muy claro qué es lo que se tiene que defender y por qué deben de hacerlo.

Finalmente, en la actualidad, la fuerza armada, políticamente hablando, ya no es el factor de poder que históricamente actuaba con autonomía ni tienen la presencia ni la fuerza moral para sacar los tanques y amedrentar a los congresistas como se hizo en la época del general Nicolás Hermoza, ni la posibilidad de ejercer presión política como pretendió el general de la fuerza aérea Abrahán Caballerino cuando en una muestra de su desacuerdo frente a la creación del Ministerio de Defensa en el primer gobierno de Alan García, ordenó el pase rasante de los aviones por Palacio de Gobierno; la integración del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea en un ministerio, determinó una pérdida significativa de las tres fuerzas en el Consejo de Ministros y por supuesto de los manejos presupuestales.

Si bien hoy el país reconoce la importancia de la fuerza armada, las últimas intervenciones políticas y algunos casos de corrupción, le han pasado la factura de descrédito, y por consiguiente, ahora están más abocados a sus roles técnico-profesionales definidos en la Constitución.

[1] Velasco la Voz de la Revolución. Discursos del general Juan Velasco Alvarado. Pág.8. Ed. Participación.

[2] Jaime Castro Contreras. Fin del Poder Arbitral de las Fuerzas Armadas. 2010. Ediciones Culturales Lecting.