En los últimos tiempos, el control de los Estados que poseen enormes riquezas, no solo se realiza por invasiones u ocupaciones militares que efectúan las potencias de turno; en los últimos tiempos también, han surgido otros actores que tienen igual o mayor poder que los Estados, son las Organizaciones No Gubernamentales, o los llamados organismos reguladores internacionales de la economía, las finanzas y la política, nos referimos al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas, entre otros.
Al respecto, Naciones Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ha venido promoviendo se apruebe en la región, un acuerdo para proteger el medio ambiente de los excesos que realizan las empresas explotadoras de los recursos de todo tipo existentes en el continente, lo cual es un esfuerzo muy loable, y al que anteriormente, el Perú, ya había respondido, creando el Ministerio del Ambiente (2005) para que se ocupe de estas preocupaciones y garantizar la vida de las personas y las generaciones futuras; adicionalmente el gobierno peruano, aprobó normas para garantizar la entrega de información incluida la del medio ambiente, que se le solicitara dentro del marco de transparencia propia de un Estado democrático.
- Esencia del acuerdo de Escazú
Sin embargo, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica), atenta contra la soberanía de más del 50% del territorio peruano al establecer: a) la naturaleza vinculante del acuerdo de Escazú en todos sus extremos, b) la participación abierta de cualquier persona o grupo en la toma de decisiones para oponerse a la extracción y/o explotación de algún recurso existente que el país requiera para su desarrollo. Dicho sea de paso, el alcance del artículo 7 del acuerdo, no se limita a la selva del país sino a todo el territorio nacional. c) la aparición de una nueva figura jurídica bajo la denominación de “defensor de los derechos humanos en asuntos ambientales” que, legitimaría a todos los grupos que se oponen en el país a la extracción minera. Sobre estos temas, en el prólogo del Acuerdo de Escazú, el Secretario General de Naciones Unidas, expresa: “… es el único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.
- ¿Quién defendió al Perú?
Lo que resulta por demás curioso, es saber, cómo durante los dos años que demandaron las conversaciones previas, en el que tanto los representantes de Chile y Costa Rica que fungieron de Copresidentes y con cinco integrantes en la Mesa Directiva de Argentina, México, San Vicente de las Granadinas y Trinidad y Tobago, y el representante peruano que se supone es de la cancillería, este nunca informó sobre el acuerdo que se venía confabulando y comprometía los derechos soberanos ambientales del Perú. Cabe destacar la actitud del gobierno de Chile, cuyo representante dirigió los debates, ha sido otra, no firmar el acuerdo, a diferencia del Perú que lo suscribió el 27 de setiembre de 2018.
Según se aprecia en diarios y videos de la época, la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, tenía su propia agenda, su propio objetivo, porque ella aparece como firmante del acuerdo de Escazú. Solo si así fue, se puede entender por qué recién la Cancillería muestra su extrañeza al Congreso y “advierte del peligro de aprobar (léase ratificar) un tratado que reduciría la autoridad y soberanía del Estado peruano.
Otra cosa que nos demuestra este desaguisado interinstitucional, es que en estos asuntos de Estado no participan todos los sectores, ya que según declara la señora Fabiola Muñoz, ella contó con la opinión del ministerio del Medio Ambiente y Cultura. Al parecer, fueron ignorados dos sectores encargados de la seguridad y la soberanía territorial, marítima y aérea, vale decir el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores que se ocupan de los asuntos de seguridad internacionales. Desde esta columna le sugerimos a la Cancillería como al Ministerio de Defensa que, al inicio de cada nuevo gabinete ministerial o al inicio de cada nuevo año presupuestal, ambos sectores coordinen con los demás ministerios, los temas de seguridad que pueden afectar los intereses del Estado peruano.
De esta manera se evitaría que los generales en retiro de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y la ADOGEN, presenten sendas cartas de protesta contra hechos que atentan contra la soberanía del país, ya que también todo indica que el Ministerio de Defensa no se encontraba al tanto de los hechos referidos más aún si en el artículo 5 sobre acceso a la información ambiental, en el inciso 6. b. señala que el Estado parte, podrá negar acceso a la información: “cuando hacer pública la información afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”.
Debemos mencionar que, en la actualidad, la pérdida de soberanía no se produce necesariamente por la pérdida territorial, que no es este el caso, también se produce en términos económicos y jurídicos, cuando los Estados se someten voluntariamente a las jurisdicciones internacionales que son firmados con la rapidez del caso sin evaluar sus consecuencias negativas para el país y la nación.
Al final todos terminamos haciendo un papelón, porque los ciudadanos tenemos que asumir vergüenzas de representantes que dirigen instituciones que no están a la altura de lo que requiere la nación. Si bien es cierto que el Perú está identificado como uno de los 17 países mega diversos del planeta, tenemos que ser lo suficientemente soberanos en saber dar un adecuado uso a los múltiples recursos existentes en los escenarios del mar, la costa, la sierra y la selva, y no permitir que otros nos digan qué es lo que debemos hacer, o nos aten las manos, con este el caballo de Troya que podría resultar el acuerdo de Escazú.
(Para que cada peruano saque sus propias conclusiones y sepa defender y conocer las razones por las cuales debe de hacerlo, les proporcionamos el enlace que facilite su lectura: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf ).
Buen comentario, bien sustentado.
Saludos.
La Constitución garantiza todavía el derecho a opinar sobre los recursos naturales que pertenecen a la Nación.