LA ORGANIZACIÓN REGIONAL ES UN FRACASO QUE NO PUEDE CONTINUAR

• Premisas

En las dos últimas décadas del siglo XXI, incluido el iniciado 2022, organismos como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, Transparencia, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y una serie de ONGs especializadas en corrupción en el Estado, han venido realizando estudios para evaluar a partir de casos concretos, las diversas formas y estilos en las que se produce la corrupción en el país y sobre todo los millonarios presupuestos que desaparecen y terminan en manos de cientos de inescrupulosos corruptos y corruptores que están tras el presupuesto del Estado; esas evaluaciones incluyen a presidentes, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales y funcionarios elegidos o nombrados conforme a ley.

Pero lo curioso de estas evaluaciones son dos elementos concluyentes que desde el 2017 se anuncian y no se han tomado medidas correctivas efectivas de tipo político ni en el congreso ni en el poder ejecutivo, que es lo que la situación requiere por el millonario volumen de dinero que se pierde, la frustración que se produce en la población y la burla de la que es víctima porque nunca le llegan a construir la oferta ofrecida, o cuando “cumplen”, lo que se les suele entregar (colegios, puentes, carreteras, hospitales, etc, etc) son servicios mal hechos, pero sí sobrevalorados por las adendas corruptas del caso. Los elementos a los que nos referimos son: el primero, que indica que la corrupción ha desplazado a la criminalidad de la calle[1], eso quiere decir que hay que cuidarse de todos los que están en el Estado “administrando” los fondos públicos y ello es tarea del sistema de control y del congreso; el segundo elemento, y esto se lee en los informes de la Contraloría, que todo este descubrimiento sobre la corrupción nos debe llevar a la reflexión; así se expresa en un estudio exploratorio titulado: “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria”[2].

Qué ironía, al Contralor solo se le ocurre reflexión con tanto dinero desaparecido, y en el sesudo estudio que citamos, se diga que:

“A partir de la determinación de la proporción porcentual del monto del perjuicio
económico respecto del monto examinado durante las intervenciones de control posterior efectuadas para el periodo auditado entre 2017 y 2018 sobre la ejecución presupuestal de esos mismos años, por nivel de gobierno y por grupo genérico de gasto (i.e. inversiones, bienes y servicios, etc.), podemos extrapolar dichos resultados para estimar el monto de perjuicio económico que se habría producido en el año 2019, si se hubieran examinado todas las operaciones del Estado. Haciendo este cálculo, se estima que alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se pierde por corrupción e inconducta funcional…”

en lugar de proponer o convocar a la búsqueda de soluciones directas y prácticas. Todos los estudios que a la fecha se han realizado, se concentran en determinar los volúmenes de lo sustraído y efectuar el seguimiento y el comportamiento de los funcionarios y autoridades en el manejo del presupuesto e identificar las figuras delictivas cometidas como si todo se resumiera a cuestiones normativas. Una conclusión importante que se obtiene de estos trabajos es la forma cómo anualmente los presidentes incrementan los presupuestos principalmente de los gobiernos regionales en el entendido que serán sus aliados en el interior del país, lo que no necesariamente ha funcionado así, lo que más bien ha sido derivado a sus propios fines personales y políticos como lo ha demostrado el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, que ha aprovechado los fondos de la región Junín, para el partido Perú Libre, que él fundó y lidera.

• La solución requiere una organización geopolítica del territorio

Desde 1994 vengo proponiendo que el problema del desarrollo del país en su interior no es solamente de asignación de presupuestos y los incrementos que los gobiernos les han solido proporcionar, el problema es de naturaleza geopolítica. Esta disciplina poco practicada y aplicada en el país, dice que el responsable de la conducción nacional debe actuar con criterio geopolítico, como lo suelen hacer las potencias políticas y económicas, lo que significa: primero, realizar una valoración de lo que posee el territorio y propiciar un uso adecuado del espacio territorial y así como sus proyecciones internas y externas; segundo, contar con una organización territorial que responda a esa necesidad, que por lo regular se define en un Proyecto Nacional, que hoy no existe en el Perú; dicho sea de paso, el Acuerdo Nacional[3], no es un proyecto nacional, es simplemente un listado de buenos entendimientos que definen los políticos de turno, pero dicho acuerdo no es un documento de concepción y visión geopolítica del territorio. Sobre el Acuerdo Nacional el politólogo Manuel Bernales Alvarado, dice: “El Secretariado del Acuerdo Nacional, ha devenido en una dependencia del gobierno de turno a través de la PCM y el dinero de los donantes como PNUD para las contrataciones del personal”.[4]

La geopolítica, es un quehacer multidisciplinario por tanto deben concurrir los representantes de todas las profesiones y de modo especial, los colegios profesionales que están en la obligación de expresar sus puntos de vista de lo que se puede hacer con el país y sus riquezas ubicadas en los diversos escenarios geográficos que lo conforman. Hago esta mención porque la geopolítica y su práctica sirve para dar y asignar valor a todo lo que posee el territorio y su ubicación frente a la cuenca del Pacífico. Dar valor geopolítico al Perú significa reconocer que nuestro acceso directo al mar nos obliga a convertirnos en una talasocracia y, el hecho de poseer riquezas de todo tipo en el interior territorio nos llama a convertirnos en una telurocracia, ambas a la misma vez. La primera, la talasocracia, servirá para dominar el mar con barcos, puertos y una infraestructura de comunicaciones que integre el territorio, y la segunda, la telurocracia, consistirá en industrializar y desarrollar todas las riquezas que existen en el interior del país y los ríos navegables de la selva para atender las exigencias de la cuarta revolución industrial.

Estas dos actividades del quehacer ciudadano y gubernamental, universitario, profesional y empresarial, requiere de una organización territorial totalmente distinta a la que hoy cuenta el país, que se caracteriza por su atrofia, un exceso en número de las mal llamadas “regiones” cuando en realidad se trata de simples departamentos que se han incrementado sin responder a un criterio técnico y planificador ni mucho menos de tipo geopolítico. Ahora bien, como Dios y los dictadores, no se equivocan a un gobernante autoritario en 1992, se le ocurrió desaparecer la organización territorial del Perú de doce (12) regiones, la que llevaba en ciernes una visión geopolítica y tomaba en cuenta la división regional propuesta por el geógrafo Javier Pulgar Vidal, que proponía una organización del territorio en ocho (8) regiones complementarias entre la costa, la sierra y la selva.

La organización territorial del Perú en 12 regiones adoptada en 1986, fue el primer ensayo de algo que se pudo perfeccionar en el tiempo; la complementariedad de los departamentos se habría producido, se pudo acelerar el proceso de industrialización del interior del país, lo que habría sido un factor de fijación del poblador a su lugar de origen y no convertirse en parte del 75% de pobladores que practican una economía informal por la constante migración de millones de peruanos del interior del país a todos los lugares del territorio a comercializar sus productos, incluyendo la gran capital de Lima Metropolitana. Esta organización administrativa del país en 12 regiones fue la respuesta racional a las demandas planteadas por José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, en los años 30 del siglo XX, las mismas que fueron recogidas en la Constitución de 1979.

El sistema de control del gasto e inversión pública nacional se habría concentrado solo en 12 presupuestos y no en las 25 burocracias voraces existentes hoy en las mal llamadas “regiones-departamentos” con que cuenta el país, las mismas que se han traducido en organizaciones casi perfectas de sustraer los dineros de los contribuyentes, al punto que la población reconoce que la corrupción ha desplazado a la criminalidad callejera.

• ¿Cuál es entonces la solución?

Como se puede apreciar en los diversos estudios de corrupción en el país, el mismo que comprende a 6 presidentes de la República, a gobernadores, alcaldes provinciales y distritales, además de miles de funcionarios públicos de todas las instituciones de las cuatro últimas décadas, la solución no es solo investigar, detener y condenar a los infractores ya que la organización burocrática del Estado sigue siendo la misma.

Las próximas elecciones para cambiar a las autoridades regionales y municipales, en octubre del año en curso, son una clara demostración, que los candidatos no tienen propuestas claras, el Estado sigue siendo visto como un botín al cual quieren que llegar. Las autoridades electorales indican que para reemplazar a los actuales 25 gobernadores regionales hay más de 100 candidatos. (Ver cuadro de candidatos).

Eso significa una cosa, que los estudios lo demuestran, altísima voluntad de corrupción cubierta de mantos de legalidad que el ciudadano con su voto legitima a los que disputan llegar a ser autoridades regionales o municipales. Sus antecedentes lo dicen con toda claridad. La lista de ex gobernadores regionales que adjuntamos al pie (Diario Gestión, 27/08/2019) es una evidencia de los casos de corrupción más sonados que se han producido en el país.

Por otro lado, el Contralor de la República Nelson Shack, en su presentación al congreso en diciembre del año que ha culminado, ha señalado, que actualmente de los 25 gobernadores, 22 están siendo investigados por corrupción en el que algunos ya han sido retirados del cargo, otros presos y varios fugados. Esta es una historia que se repite todos los días y todos los años por décadas.

El contribuyente, al que anualmente la SUNAT lo persigue para declarar y cumplir con el pago de sus impuestos, se siente burlado porque todo aquello que paga para supuestamente hacer obras y ampliar servicios en beneficio de la población en general, termina desgraciadamente en manos de los miles de corruptos y corruptores que se producen en toda la burocracia nacional y especialmente en los gobiernos regionales.

El país requiere de otra forma de organización territorial, basado en regiones que se complementen, que apuesten por la industrialización de las muchas cosas que tienen para ofrecer los escenarios geográficos del Perú que se inician en el mar, la costa, la sierra, la selva y los ríos navegables.

Esta propuesta requiere de dos medidas que se deben de poner en práctica: la primera, que el congreso dentro de sus facultades proponga una organización territorial que recoja la propuesta de Javier Pulgar Vidal de 8 regiones, la organización de 12 regiones que existió entre 1986 y 1992, más las experiencias de todos estos años y proponer una organización territorial más ágil y menos burocrática; segundo, suspender las elecciones solo de los gobernadores regionales mientras se elabora la nueva propuesta. Insistir en la estructura vigente es dar pie a la voracidad que muestran los más de 100 candidatos para las 25 regiones.

¿Acaso no es suficiente que el año 2020 el Estado que es de todos los peruanos haya perdido más de 22 mil millones de soles según lo expresó el Contralor al congreso?

¿Acaso no es suficiente que el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, detallara que, de la lista de presidentes regionales involucrados en actos de corrupción, la lidera Vladimir Cerrón con 28 casos (Junín), además, quien lo sucede en el cargo Fernando Orihuela mantiene 16 investigaciones abiertas por presuntas irregularidades cometidas desde el 2019 a la fecha?

No nos llena de vergüenza que, en la región Pasco, Pedro Ubaldo Polinar registra 23 investigaciones en curso por corrupción. A la autoridad se le acusa de direccionar licitaciones de varias obras dentro de la región. Tal es el caso en el presupuesto de la construcción de un hospital en Villa Rica (Oxapampa), la cual inició con 108 millones, pero se licitó en 114 millones de soles. No obstante, al día de hoy su inversión alcanza los 130 millones de soles. Los peruanos tienen que darse cuenta que, de cada 100 soles, 12 se pierde en manos de los corruptos de turno y todo solo en el 2020.

Es hora pues de exigir y tomar conciencia que el país se debe organizar territorialmente con criterio geopolítico; y si les preocupa el artículo 117 de la Constitución que señala que el presidente puede ser vacado por impedir las elecciones regionales, entre otros. Solo estamos solicitando una postergación de las elecciones regionales mientras una comisión del congreso apruebe la nueva organización del territorio.

No podemos seguir siendo cómplices de tanto ladrón metido a político y llevarse alegremente los dineros de nosotros los contribuyentes que de buena fe pagamos anualmente al Estado. También pedimos que tengan en cuenta que, la ética y la moral no pueden estar divorciadas de la política ni la economía nacional.

[1] INEI. Nota de Prensa. La corrupción desplaza a la delincuencia como principal problema que afecta al país12/06/2017.

[2] Shack, N. Pérez, J. y Portugal, L. “CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA CORRUPCIÓN Y LA INCONDUCTA FUNCIONAL EN EL PERÚ: UNA APROXIMACIÓN EXPLORATORIA”. La Contraloría General de la República del Perú.

[3] El Foro del Acuerdo Nacional es el espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos, conformado por el gobierno en sus tres niveles (nacional, regional y local), los partidos políticos con representación en el Congreso de la República y organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional. Tiene los siguientes objetivos: 1. Fortalecimiento de la: Democracia y Estado de Derecho. 2. Desarrollo con: Equidad y Justicia Social. 3. Promoción de la: Competitividad del País y 4. Afirmación de un: Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

[4] Bernales, M. Comentario en Geopolítica de la República, 200 años después. Pág. 24.