Mao Tse Tung, fue un líder izquierdista y de los primeros en el siglo XX, en señalar que “el poder nace del fusil”, dicha frase sirvió para destacar que la violencia política o la llamada “lucha armada” era el único mecanismo para capturar el poder. Fieles a los conceptos marxistas-leninistas-maoístas, Fidel Castro en Cuba, el 31 de diciembre de 1959, inauguraba un método distinto de llegar al poder que se proyectó en la región durante la década de los años 60.
Fue así que, entre 1960-1965, en el país se desarrollaron varios movimientos subversivos dentro de los que destacaron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) conducido por Luis de la Puente Uceda y el Frente de Liberación Nacional (FLN) con César Pando Egúsquiza; paralelamente, en Bolivia, el Ché Guevara pretendía iniciar una revolución armada que culminó con su muerte y en Colombia se desarrollaba las FARC.
Hacia 1980 y el año 2000, el Perú, fue nuevamente el escenario de la lucha armada, como mecanismo para asumir la conducción del Estado burgués en permanente cuestión. En este nuevo intento, también destacan dos agrupaciones, Sendero Luminoso conducido por Abimael Guzmán y el MRTA, dirigido por Víctor Polay Campos. El accionar violento de ambas organizaciones armadas tienen en su haber más de 70 mil peruanos muertos. Secuestros, asesinatos en masa, derribamiento de torres eléctricas, juicios populares, “cárceles del pueblo”, asesinatos selectivos de autoridades, forman parte de una larga lista de actos violentos llevados a cabo en su intento de capturar el poder. Los dos grupos subversivos fueron militarmente derrotados, sus principales cabecillas encarcelados y muchos ya se encentran en libertad; estos últimos han creado una serie de nuevas organizaciones que utilizan como instrumento de captación de personas en todos los lugares del país.
- El voto popular, la nueva opción
Con la descomposición de la URSS en diciembre de 1991, el fin de la Guerra Fría, la apertura de los mercados a nivel global que explica el nuevo escenario de la globalización, el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la deslocalización de las empresas capitalistas hacia países emergentes de Asia y África; se configura el un nuevo orden mundial en el que ya no se admite el uso de la lucha armada para llegar al poder. Es en estas circunstancias que los líderes marxistas, Fidel Castro y Lula da Silva, dan paso a la creación del Foro de Sao Paulo el 4 de julio de 1990, bajo la denominación de Socialismo del Siglo XXI. El Socialismo del Siglo XXI, es el marxismo reciclado, es aquel que señala que la lucha armada tiene que dar paso a conseguir el poder participando en las elecciones burguesas y a “usar la democracia para dinamitarlo desde el interior”. El otro instrumento internacional de la izquierda Latinoamericana es el Foro de Puebla, que fue fundado el 12 de julio de 2019; se trata de un foro académico y político integrado por la izquierda marxista de la región. Estos dos mecanismos internacionales se encuentran en plena operatividad.
El operador político que dejó de lado la lucha armada como mecanismo para llegar al poder, en Venezuela, fue el comandante Hugo Chávez Farías, quien en 1998, obtuvo el poder a través de una elección democrática y no lo dejó hasta su muerte en 2013, dejando como heredero del gobierno bolivariano hasta la fecha a Nicolás Maduro, por supuesto con un cambio previo de la Constitución que les ha garantizado perpetuidad en el poder, y claro está que es sostenido por las fuerzas del orden, las mismas que han sido coptadas[1] y están envueltas en casos de narcotráfico y corrupción.
- Pedro Castillo y el paso a la dictadura popular
La elección de Pedro Castillo, militante de Perú Libre bajo las consignas dictadas por Vladimir Cerrón, un izquierdista formado en Cuba, pero con la mentalidad de los marxistas del siglo XIX, es el resultado de una elección que la población aceptó, así como los gobiernos de todos los países y los organismos internacionales. Por supuesto que tuvo una fuerte oposición de los grupos de derecha instalados en el Congreso de la República, quienes intentaron vacarlo en dos oportunidades, las mismas que las neutralizó comprando votos de congresistas a cambio de prebendas.
Hoy resulta evidente que Pedro Castillo, conjuntamente con personajes como Aníbal Torres, los ministros Chero, Salas y Betssy Chávez, fueron preparando el camino a la instalación de una dictadura propiciada desde el gobierno. El poder, como producto del voto electoral los había ubicado en palacio de gobierno, pero la gestión que él realizaba tuvo desde sus inicios claras demostraciones de corrupción, se observaba que no había interés por obtener buenos resultados de gestión y solución de los problemas sociales y económicos del país. Prueba de ello fue la designación y cambios de ministros hasta en 70 oportunidades.
De modo que, había que instalar una dictadura a partir de un autogolpe de Estado. Para lo cual, se abocaron a desarrollar consejos de ministros descentralizados; en aquellos encuentros a los que no estaba permitido el ingreso de periodistas, asistían gobernadores regionales, dirigentes campesinos, sindicales, comités de defensa, representantes de las rondas campesinas, a los que se sumaban los prefectos y subprefectos designados con militancia izquierdista. Esta escena se repitió durante los meses intensos que condujo el premiarato Aníbal Torres y fue seguido por Betssy Chávez, por supuesto que además de los ofrecimientos que se hacían en cada departamento, se mencionaba que la culpa del atraso en el interior era resultado del centralismo limeño, y se alimentó permanentemente el odio entre peruanos o entre ricos y pobres.
- El autogolpe de Estado, primera fase
Para que un golpe o autogolpe de Estado tenga éxito en el país, así la historia nacional lo demuestra, requiere necesariamente contar con el apoyo del ejército, a las que se suman después la marina y la fuerza aérea. Esto ocurrió con el autogolpe de Fujimori y en el caso del general Juan Velasco, se trató de un movimiento institucional, no antes conocido en el país.
En el caso de Pedro Castillo que contó con el silencio de la izquierda cómplice que a la fecha no ha realizado ningún deslinde, las “condiciones materiales” ya estarían dadas, para que el autogolpe tenga éxito, puesto que cada departamento había asegurado su participación que garantizaría “los ríos de sangre” que difundía y repetía a voz en cuello el premier Torres y secundaba Betssy Chávez, en la defensa de la revolución popular, lo que obligaría a que las instituciones y la ciudadanía se plieguen a respaldar el autogolpe.
Leído el pronunciamiento por Castillo el 7 de diciembre de 2022, disponiendo el cierre del congreso, la declaración del Estado de Emergencia y que a partir de la fecha se gobernaría por decretos, además de decretarse la reestructuración de la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, el autogolpe no tuvo respuesta inmediata de ningún tipo en las regiones ni en las calles.
Las Fuerzas Armadas y la Policía nacional, por otro lado, emitieron un comunicado conjunto en el que se afirmaba: “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las FF.AA. y la PNP”. La suerte de Castillo estaba echada; las fuerzas del orden manifestaron su lealtad a la Nación, la democracia y la Constitución.
- El autogolpe de Estado, segunda fase en el frente interno
Dado que los “ríos de sangre” que presagiaba Aníbal Torres, no se produjeron de inmediato, la población sorprendida y la izquierda más sorprendida todavía por la falta de reacción de las bases del interior; desde el 4 de enero del año en curso, anunciaron una sucesión de paralizaciones a nivel nacional e incluso que se “tomaría Lima” y por supuesto se cerraría el congreso. Hoy está demostrado que las movilizaciones efectuadas en todo el país con rumbo a la capital, la captura de aeropuertos, la toma y bloqueo de carreteras, el incendio de comisarías y dependencias públicas como privadas forman parte de un plan alterno debidamente planificado que se puso en marcha ante la pasividad e inacción de la población comprometida. Es claro y notorio que se contrataron azuzadores y gente dispuesta a promover ataques a las fuerzas del orden y que de dicha confrontación han resultado más de 50 personas muertas, así como la incineración de un joven policía, quien no hizo uso de su arma para defender su vida.
La izquierda a través de los medios de comunicación de su dominio e influencia, han recurrido al calificativo que se trata de un gobierno represor y ayuda a este hecho el exceso de la Fiscalía al calificar a la presidenta y su primer ministro y quienes resulten responsables que se les investigará por GENOCIDIO. Hay que recordarles a los abogados de las fiscalías que la RAE define al genocidio de la siguiente manera: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”. Según el sociólogo e historiador estadounidense Michael Mann, el genocidio es el grado más extremo de violencia intergrupal y el más extremo de todos los actos de limpieza étnica. Estas concepciones no existen como doctrina en ninguna de las escuelas de las fuerzas del orden de nuestro país.
- El autogolpe de Estado, segunda fase en el frente externo
Hay que recordar que entre los años 2002 y 2019, en Latinoamérica y el Caribe, los gobiernos de izquierda, bajo el conjuro del Foro de Sao Paulo, habían logrado instalarse en gran parte de la región; así por aquellos años llegaron al poder vía el voto: Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales y Luis Arce en Bolivia, Lula y Rousssef en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, los Kirchner y Fernández en Argentina, Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos en Colombia, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Daniel Ortega en Nicaragua, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén en El Salvador y Andrés Manuel López Obrador en México. Dicho sea de paso, López Obrador dejará el poder en 2024.
Pues bien, dentro de este vaivén pendular, con la elección del presidente Lula da Silva de Brasil para gobernar desde enero de 2023, América Latina, ha llegado a estar gobernada por representantes de izquierda en su gran mayoría. Esta militancia izquierdista de hoy, con el presidente de México, López Obrador, de Chile con Boric, de Colombia con Petro, de Bolivia con Arce y Argentina con Fernández, han cerrado filas para defender al expresidente Pedro Castillo y lo defienden por considerar que no dio un golpe de Estado, sino que fue el congreso que abusivamente, lo encarceló y lo vacó, por el cual piden su restitución. A esta oposición internacional se añaden los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, principalmente.
Para todos estos gobernantes, Castillo no cometió ningún golpe de Estado. A esta campaña de desprestigio contra el Perú, se suman ahora la defensa legal internacional de Pedro Castillo a través de los abogados argentinos, Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, que dicen actuar a título gratuito. Ese cuento no se lo cree nadie señor Zaffaroni. Lamentablemente, la política exterior del gobierno de Dina Boluarte, no tiene la firmeza suficiente para aclarar y rechazar esta campaña de desprestigio que se ha desatado contra el Perú.
- A la izquierda, el poder se les fue de las manos
Por todo lo relatado que ha venido sucediendo en el Perú, de modo especial, podemos concluir, que la izquierda en sus diversas versiones violenta o participando del voto popular, ha resultado un fracaso. Porque en los varios intentos de capturar el poder por la violencia en los años 60 y los años 80, no lo pudieron hacer, porque fueron militarmente derrotados y más bien derivaron en incursionar en actividades ilícitas como es el narcotráfico, que les brinda enormes ganancias y proveer cocaína a los carteles de México, Colombia y otros países desde los cuales hacen envíos a diferentes partes del mundo.
Por el lado del uso de la democracia burguesa para dinamitarla desde el interior, también son un fracaso, porque la gestión realizada por Pedro Castillo con sus familiares, paisanos y amigos solo ha servido para buscar el enriquecimiento ilícito de la forma más burda. No pueden decir en este caso que no tuvieron su oportunidad, claro que la consiguieron, pero su mediocridad salió pronto a relucir y han terminado arrinconados y repudiados por un pueblo que pide trabajar porque es el 75% de la población económicamente activa la que ha sido dañada en su trabajo diario de sobrevivencia. Es la izquierda de Verónica Mendoza que quiere las elecciones inmediatas, el cierre del congreso, la asamblea constituyente y una nueva Constitución.
Como se ve en los pedidos y la grita de la calle, las demandas son políticas y no por proponer soluciones a los problemas sociales y de abandono histórico que existe en el interior del país. A todo esto, también hay que añadir el fracaso de la organización regional y municipal provincial y distrital, que desde esta revista hace mucho tiempo venimos señalando. A todas luces el problema del Perú, es fundamentalmente, un problema de gestión de estos organismos, donde la corrupción campea con total impunidad. Las cifras lo revelan todo, de los 25 gobernadores regionales que acaban de dejar el cargo, 23 están procesados, unos encarcelados, otros destituidos, otros que han huido. Y de los nuevos gobernadores hay también personajes con procesos judiciales de diverso tipo.
El ciudadano, tiene que saber a quién entrega su voto, para no llegar a este descalabro en el que se ha llevado al país y la justicia, por supuesto, tiene que tener la conducta que todos esperamos de ella.
[1] Coptar. Es apropiarse idiologicamente de una institución, grupo o persona, para ganar controlar y ganar espacios en los distintos ámbitos en que los mismos desarrollen sus actividades. Expresión política que describe la acción mediática, fraudulenta y violenta de apropiarse de los votos y espacios pilotos de otro u otros. Tomar control del pensamiento y acciones de otro.