La institucionalidad en el Perú está herida de muerte y el gobierno tiene una conducta desconcertante, por no decir que es un gobierno mamarracho. Pruebas al canto.
Es suficiente una marcha de ciudadanos envalentonados y azuzados por agitadores políticos, principalmente de alguna de las tantas versiones de izquierda o de las que son promovidas desde Venezuela y Cuba y el gobierno decide suspender la venta de ingresos debidamente controlados a Machu Picchu; ¿quién se beneficia?, las mafias que controlan este ilícito negocio. Otro caso. La presidenta y su premier Otárola anuncian que irá a Puno y luego los dos se retractan y afirman que ya no hará el viaje a esa región controlada por los grupos de la izquierda radical que a ellos los rechazan y cuestionan.
El país está sobrepasado por la criminalidad y el premier Otárola anunció que se aplicará el Plan Boluarte, con el cual se controlará y erradicará la criminalidad, días después el propio gobierno reconoce que no existe el Plan Boluarte.
Del Poder Judicial y la Fiscalía ni que se diga, ellos actúan a gusto del cliente; realmente el sistema de justicia está corrompido y son el país y el ciudadano los más perjudicados, ya que en esas condiciones no es posible que el país se recupere. ¿Qué inversionista puede poner en riesgo su capital si aquí el gobierno y las instituciones no son garantía de nada? Así mismo, no falta siempre alguien que anuncia que el país no puede caminar ni recuperar porque no se ha cambiado la Constitución de 1993.
Lo que sí camina brillantemente y a tambor batiente, es la corrupción, la misma que está extendida y generalizada en todas las instituciones, no hay una que se salve, ni la iglesia. Al respecto, recientemente se presentó en Berlín el último Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) correspondiente al año 2023 y en dicho informe se indica que “el Perú ha sufrido la caída más fuerte en el ranking global desde el 2012 al bajar del puesto 101 al lugar 121, encontrándose ahora en el tercio inferior y compartiendo posición con Angola, Mongolia y Uzbekistán. Esto responde a una caída de tres puntos en el valor del índice respecto del año anterior: de 36 a 33”.
El informe también destaca que esta caída data de dos años desde el 2022 hasta setiembre de 2023, que corresponden a los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, así como las decisions del Congreso de la República que han dado leyes de contrareformas y retrocesos que han afectado los instrumentos para enfrentar la corrupción.
El informe es totalmente lapidario porque al comparar al Perú en las tres Américas, el país se ubica en el tercio inferior, por debajo de Ecuador, país que está ganado por el narcotráfico. Hecha otra comparación con los países que conforman la OCDE, organismo al cual el Perú aspira a ingresar, se aprecia que el Perú está en penúltimo lugar superando a México.
Dado que en el mes de octubre del presente año se realizará en el Perú la reunion de las 21 economías que integran APEC, el informe respecto a la corrupción revela que “nuestro país se encuentra cerca de la cola detrás de países como Tailandia, Indonesia y Filipinas; superando solamente a Papúa Nueva Guinea, Rusia y México”.
No hay caso que ante la proximidad de un evento internacional como es APEC, valdría la pena que el gobierno se deje de seguir protegiendo a lo que resulta ser el símbolo de la corrupción en las regiones, el ciudadano Vladimir Cerrón, quien se apropió de millones del presupuesto de Junín para formar su Partido y comprar locales partidarios en la capital. Este ejemplo de corrupción debería ser capturado para que la policía recupere su imagen tan mellada por el gobierno en los últimos tiempos.
Este es un gobierno sin imaginación, en lugar de tirar caramelos al pueblo, debería de crear las condiciones para generar puestos de trabajo y la juventud tenga oportunidades de realización y no dedicarse al fácil recurso de la práctica delictiva. Por otro lado, el gobierno ha reconocido que la economía está en recesión, sin embargo, con la finalidad de obtener recursos para el presupuesto nacional, ha tenido la gran idea de elevar el impuesto selectivo al consumo a partir de marzo.
En consecuencia, al gobierno solo le quedan dos opciones: demostrar que efectivamente tiene una política firme contra la corrupción y la criminalidad y la otra es recuperar la confianza de las instituciones. De otro modo, la institucionalidad agoniza y el gobierno es un mamarracho.
