El país tiene que ver en la joven Fiorella Nolasco el símbolo de una reserva moral que la nación reclama a gritos. De no haber sido por su terca insistencia, su solitaria exigencia de justicia por el asesinato de su padre, el país seguiría sin enterarse de la gran corrupción que se ha instalado y consolidado en las estructuras del poder y para variar también en el gobierno del presidente Ollanta Humala.
La gran transformación, la promesa de una gestión que iba a establecer la diferencia, solo son letras de discursos oportunistas, de quien se la pasó cinco años agitando calles y reclamando la vacancia presidencial cuando la oportunidad se le presentó. La lucha solitaria de Fiorella Nolasco ha destapado una olla de guisantes podridos de la que ninguna institución del Estado se salva, son civiles, militares, jueces, fiscales, policías, empresarios, profesionales que han hecho del conocimiento aprendido en la universidad, la herramienta para generar apropiación ilícita e impunidad. Están envueltos en estos estropicios de escándalo las autoridades nacionales, los gobiernos regionales y distritales. Y toda esta gente desprestigia al país, corroe a las instituciones y hacen de la democracia sinónimo de corrupción; lo cual no es necesariamente cierto.
Los órganos de control del Estado están igual de corrompidos, porque corrupción no es sólo apropiarse de dineros del Estado, corrupción también es hacerse de la vista gorda, desarrollar una gestión torpe y lenta, y si los pillos van por la izquierda, las autoridades encargadas de descubrirlos van en sentido contrario; de ese modo dicen que buscan e investigan pero realmente así nunca los encontrarán y son más bien contribuyentes directos de la prescripción del delito, como lo viene demostrando con su accionar la actual Contraloría General de la República en manos de un sujeto que se ha subordinado al poder de turno; de qué sirve tanta nueva norma que en teoría es de primera si el accionar de la institución ha permitido que se levanten en vilo todo el dinero y recursos del Estado. Se abren nuevas sedes de control con más burocracia que incrementan los gastos generales del Estado, les asignan buenos ingresos, pero solo sirven para garantizar la impunidad, ello también es corrupción. El país pues, está en manos de estos “buenos muchachos”.
¿Cómo es posible que se nos quiera hacer creer que el Ministro de Justicia Daniel Figallo, es un buen defensor del Estado si lo que ha hecho en su gestión es defender a un gobernante que trata de evitar por todos los medios que el amigo y financista de la campaña electoral que lo llevó al poder es un vulgar cobrador por los favores otorgados a través de las obras públicas que se ejecutan en todas las regiones del país? El zafarrancho en el que está envuelto el Ministro de Justicia, el presidente y el asesor presidencial, demuestran que han venido manipulando por todos los medios a la Fiscalía, situación que inicialmente no lo pudieron lograr por la resistencia de los fiscales que fueron forzados a presentar sendas renuncias o fueran despedidos públicamente. Este zafarrancho percibido por los primeros fiscales hizo que le gravaran al ministro un encuentro desacostumbrado, era pues un ministro de justicia comprometido con la persona que lo nombró y no con el Estado. Hay que recordar que la lealtad la debe el ciudadano al país que le da su nacionalidad y no a aquel que lo designa en un cargo para armar y proteger a malos empresarios que ven en el Estado el gran botín para garantizar sus enriquecimientos. Si el ministro estuvo ajeno a los malos manejos del amigo presidencial, entonces tuvo oportunidad de darse cuenta que algo torcido se concebía en las más altas esferas del poder cuando se le pidió constituirse en defensor del amigo presidencial, y esa fue su oportunidad para renunciar. Hoy es ya demasiado tarde, terminará envuelto en los malos olores que emanan de todo acto corrupto como el que se quiere tapar.
Por otro lado, la posición que ha asumido Transparencia Internacional en su representación peruana, de retirarse de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción mientras el actual Fiscal de la Nación permanezca en el cargo, no es mera especulación, no es tampoco colgar un sambenito, ni un tiro al aire; cuando una institución de esta naturaleza se retira de un quehacer en el que está comprometido su prestigio y los objetivos institucionales para hacer frente a la corrupción, es porque existen pruebas más que suficientes para desconfiar de alguien que encabeza una organización que la ha puesto al servicio de fines subalternos y no de aquellos que tienen que ver con la moral, la ética y la honradez de las personas e instituciones del Estado. El retiro efectivo que ha efectuado Cecilia Blondet de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción mientras permanezca en el cargo el fiscal Ramos Heredia, no está sustentado en antipatías personales ni persecuciones políticas, ya que desde su origen este fiscal ha demostrado que la institución encargada de proteger la justicia no responde a su rol Constitucional sino a los intereses del crimen organizado. Blondet dice en entrevista efectuada por La República (21/12/14) “… si no se sanciona a todos los involucrados, funcionarios, congresistas, abogados, periodistas, nos lamentaremos de cómo el crimen organizado nos atrapó”.
Entonces, la cuestión no es en absoluto personal, porque en otro accionar de Proética capítulo peruano, le dice a la Presidencia del Consejo de Ministros que el Perú ha perdido liderazgo en cuanto a transparencia y gobierno abierto porque desde el mes de junio no ha cumplido en entregar la segunda versión del Plan de Gobierno Abierto del Perú al que se comprometió. Entre los compromisos acordados se encuentran los siguientes:
- La creación de una Autoridad Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información con capacidad punitiva.
- La creación de un Registro Nacional de Usuarios afiliados a Programas sociales o de subsidios del estado.
- La aprobación de una normatividad para la participación de ciudadanos en los acuerdos plenarios de la Corte Suprema.
- El rediseño del proceso de rendición de cuentas de las entidades públicas apoyada en TICs.
- La elaboración de una norma técnica, estrategias y una metodología para la apertura de datos de la administración pública. Interoperabilidad de las bases de datos del Estado.
- Cursos de Ciudadanía Digital.
Nada de este listado comprometido con la responsabilidad de rendir cuentas por las instancias diversas del Estado son cuestiones personales y persecuciones políticas, son simples exigencias de quienes queremos un país decente y que los que nos gobiernan sean reconocidos como administradores temporales de recursos de los cuales están en la obligación de rendir cuentas. Nuevamente la figura de Fiorella Nolasco se distingue en medio de toda esta hojarasca de corrupción que ha invadido al Estado peruano, hay que aprender de su terquedad para que alguna vez tengamos personas decentes en el manejo de los fondos del Estado.
