La población nacional observa con extrema preocupación cómo sus líderes nacionales, regionales y locales, todas autoridades legítimamente elegidas por el voto popular no muestran una conducta decorosa y decente en el manejo de la res pública. Muy por el contrario, la corrupción en todas las formas imaginarias se ha instalado en el poder; van del pequeño al grade, comprende al civil como al militar, son congresistas o funcionarios de alguna dependencia del Estado; van del “modesto” policía de la calle que toma fotografías con las que luego extorsiona, o impone multas inventadas, al horondo general que tiene su propia red de corrupción. Todo está podrido.
Las instituciones que conducen estas “autoridades deslegitimadas” por su gestión, durante el período que asigna la ley, o las instituciones que cobijan a otros miles de servidores del Estado a quienes se les facilita un trabajo remunerado y con múltiples beneficios sociales, son el instrumento y el espacio donde el presupuesto es el gran botín que les facilitará el enriquecimiento ilícito. En todos estos casos, los programas, los proyectos sociales, las obras de infraestructura, las postas, los hospitales, los colegios, los monumentos sin sentido, los puentes o las carreteras, en fin los servicios públicos que la población desea sean atendidos, simplemente son el anzuelo para la obtención del voto popular y para que estos delincuentes de todo tipo, encuentren la gran ocasión, para hacerse de dineros mal habidos, despojando vilmente los bolsillos de los contribuyentes.
Como señala la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (2005), la corrupción constituye un grave problema político, económico, social y moral, que atraviesa toda la sociedad. Es una actividad ilícita que reduce la eficiencia en el uso de los recursos; desalienta la inversión productiva, afecta negativamente el crecimiento económico y el nivel de vida de las personas, principalmente de los más pobres; incrementa el gasto público porque las obras si bien se inician, una vez que desaparece el dinero, requerirá de otro presupuesto y más inflado para su culminación.
La corrupción, políticamente, provoca una deslegitimación de las instituciones y pérdida de credibilidad en la democracia; en otros casos la población prefiere hacer justicia por mano propia, porque jueces, fiscales y policías están comprados y la ley se tuerce a favor del mejor postor. Lo grave de toda esta situación, es que los órganos de prevención y control como la Contraloría o las Fiscalías, actúan después de que los usurpadores y viles asaltantes de los recursos del Estado, han disfrutado o desviado los dineros que nos les pertenece. La deslegitimación de las instituciones se hace más frustrante y genera rabia en la población, porque los que son descubiertos y solo cuando son descubiertos, reciben penalidades que resultan otra burla al ciudadano decente, que con años de esfuerzo y pago puntual de sus impuestos logra lo que estos canallas lo consiguen con suma prontitud y burlándose de todo el mundo.
La corrupción se ha tornado en un modelo local e internacional que se repite o se copia de otras realidades, y de ello no parecen darse por enterados los órganos de control político del país. Hoy nadie puede negar que existen casos de corrupción de Estado a Estado, mejor dicho de gobierno a gobierno en el que participan los altos funcionarios del Estado, se trata de compras y servicios millonarios que son pagados en dólares o euros, principalmente; y en estos casos la empresa privada tampoco se excluye, porque muchas veces la propicia o se le exige cupos millonarios que son depositados en cuentas fuera del país; para eso sirven los llamados paraísos fiscales, que son lugares donde la banca no pregunta el origen del dinero ni quien se lo proporciona, no les interesa la transparencia; solo les importa ser custodios de estos dineros manchados por actos corruptos de gobernantes y funcionarios públicos y empresarios privados.
De modo que como estamos frente a un fenómeno social de naturaleza polivalente, que comprende a personas de diversa condición social, de diversas actividades, ubicados en diversos lugares geográficos; lo complejo de la situación no puede ser óbice para no poder bloquear la actividad de estos corruptos de toda calidad y calaña. La terea es muy simple, dado que no es suficiente que el funcionario o autoridad presente sus declaraciones juradas cuando ingrese y cuando se retire del cargo porque siempre encontrará testaferros que lo encubran por pagos a los que está obligado a proporcionar. Donde el corrupto es vulnerable, es una condición de su propia naturaleza, la vanidad; esta debilidad presente en el ser humano y en los corruptos principalmente, hace que siempre ostente lo que ha conseguido con facilidad, propiedades, autos de lujo, relojes carísimos, viajes continuos, derroche en su actividad social, pertenencia a múltiples clubs sociales, que en la jerga nacional se traduce bajo la frase “cómo lo hace”. Este hecho que es tan evidente se llama signos exteriores de riqueza, que es el factor primero y principal que hay que investigar, pero es el que menos se hace.
El país, la democracia, las instituciones y las buenas prácticas se están viendo afectados porque los mecanismos de protección de la sociedad no están funcionando a cabalidad. Se requiere una respuesta más directa, se necesita que la rendición de cuentas sea efectiva, que la Contraloría también practique acciones preventivas, es decir actuar antes que desaparezca el dinero. Se necesita que los involucrados devuelvan los dineros apropiados del lugar en el que se encuentren, aún del extranjero. Se necesita que la corrupción en el Estado sea un delito imprescriptible, que no tenga fecha de vencimiento, como ahora aún existe; esto es una ventana abierta a muchos corruptos. Se necesita saber quiénes son, por tanto debe existir una galería nacional e internacional de todos estos delincuentes de cuello, corbata y uniforme.
Si la sociedad no protege a las instituciones tampoco protege al ciudadano que le da soporte con su voto; entonces pronto veremos caer a nuestro país en la pregunta que alguna vez le formularon a Valentín Paniagua en España “Si ya el Perú es un Estado Fallido”. Él respondió que no, “sabremos salir de esta delicada situación”. La corrupción cuando se tolera es el peor daño que se le puede hacer al país y a las futuras generaciones. Desde un punto de vista ético, la corrupción tiene que ser abiertamente combatida, porque las nuevas generaciones no pueden incorporar un modelo negativo como parte de su futura existencia; como si fuera un acto natural, aprovecharse de algo que no les pertenece. Los gobiernos y los políticos tienen la palabra, sobre sus hombres recae la responsabilidad de dejar una sociedad donde se respete la ley y los valores. Por eso cobra sentido, prohibir la reelección de cualquier tipo de autoridad, una reelección en el Perú es sinónimo de corrupción, cuando menos los hechos y circunstancias de hoy así lo demuestran; de modo que no es necesario repetir estas amargas experiencias, donde los corruptos tejen redes que penetran todas las instituciones del Estado. Las personas decentes no queremos eso para nuestro país.
