En nuestro país la corrupción en el Estado, goza de buena salud y se encuentra legal e institucionalmente garantizada, nada la hace cambiar, en vez de disminuir, simplemente se incrementa y los corruptos disfrutan de lo sustraído de los bolsillos ciudadanos que les son asignados vía el presupuesto de la República; las fauces de estos inmorales no tiene color, están en la izquierda, la derecha y en centro. Por otro lado, las autoridades se limitan a salir a los balcones para que los reflectores de los diarios y medios televisivos los escuchen y los vean anunciando “fuertes y radicales combates contra la corrupción” que a todas luces y la estadística lo está revelando son inoperantes.
Según la Defensoría del Pueblo y su reciente informe (16/5/2019) “Mapa de la Corrupción en el Perú” este fenómeno social y político se encuentra instalada en 20 departamentos del país. Si en el 2016 se habían registrado 32,925 casos hacia el 2018 la cifra subió a 40,759 delitos cometidos. Este es el registro frío de lo que ocurre en la estructura del Estado a nivel nacional, no refleja lo que en el fondo subyace como una cultura negativa de corrupción instalada en los partidos y las organizaciones políticas que los han reemplazado.
- El mecanismo de la clase política
El mecanismo para robar millones de soles del presupuesto público o del endeudamiento externo por quienes son calificados como la “clase política” que provienen del centro, la izquierda o la derecha es planificado, lento y muy pernicioso para la ciudadanía por todo lo que se deja de hacer cuando están en el poder y si se hace, son obras de pésima calidad.
Estamos hablando de la “clase política” que en los últimos cuarenta años se ha instalado en el Perú. Estos sujetos casi todos sin excepción, actúan considerando el marco constitucional y legal que posee el país, para ello:
- Se organizan en partidos políticos y asociaciones y desarrollan argumentos basados en las necesidades sociales nacionales o locales con la finalidad de obtener el voto que los lleve al poder.
- Mientras esperan las elecciones buscan a elementos del sector privado que les pueda financiar las campañas políticas, o son los grandes inversionistas como es el caso de Odebrecht, Camargo Correa, el Club de la Construcción, entre otros que buscan a aquellos candidatos con mayor opción de ser elegidos, ya como presidente, congresistas, gobernadores regionales o alcaldes provinciales y distritales.
- Una vez en el poder y legalmente instalados, viene la farra del cobro de la “inversión” hecha por los financistas que resultan ser los corruptores de políticos angurrientos de dinero o afanosos en acumular riqueza por el placer de poseerlas. Cabe señalar que el voto popular no solo los ha llevado al poder sino que los han convertido en funcionarios públicos con poder de decisión.
- El funcionario ungido de poder (presidente, congresista, ministro, miembro de la burocracia estatal especializado, gobernador, etc.) se dedica a aprobar las obras públicas, otorga leyes, decretos de urgencia, adendas y los congresistas dan dispositivos que declaran la obra “de necesidad pública”, ergo se tiene que ejecutar la obra sí o sí.
- Cuando alguno de los proyectos licitados son descalificados o sujeto de observación por parte del Estado o del rival competidor, la empresa interesada en el proyecto solía comprar al opositor, compraban a las supervisoras para que no les hagan observaciones y den el visto bueno, compraban a los árbitros y si era necesario compraban a los miembros del poder judicial; en este caso nunca el Estado ganaba siempre resultaba el gran perdedor. Y aquí hay que mencionarlo que la plata no es del Estado, son las contribuciones que a través del pago de impuesto anualmente aporta el ciudadano; de modo que el robo y la usurpación nos afecta a todos los peruanos.
- Otro elemento del mecanismo de sustracción se realiza con la sobrevaloración de las obras, éstas empiezan con un valor y terminan costando cuatro o cinco veces su costo inicial y aquí es donde las adendas cumplen su función de legitimación.
- También cuentan con sus propias cadenas de diarios y periodistas que venden sus plumas a estas empresas que regalan dinero y viajes a manos llenas.
Los hechos de corrupción que vive el país, está permitiendo poner en blanco y negro el accionar de los políticos peruanos, son una vergüenza no cabe duda, pero recién estamos conociendo la punta del Iceberg. Por eso no podemos perder de vista los datos que acaba de publicar la Defensoría del Pueblo en el que destaca que: “El promedio de casos en trámite a nivel nacional aumentó en 345 casos, aproximadamente 32%, pasando de 1,065 en el 2016 a 1,410 en el 2018”. Incluso señala que el departamento de Apurímac registró el mayor incremento de casos en el 2018, respecto del 2016, aproximadamente 117%.
Por eso suena a interés subalterno que frente a tanto delincuente que funge de político les quieran reducir la prisión preventiva o se nieguen a aceptar la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Por supuesto que la inmunidad política ha sido el mejor logro para enfrentar y cuestionar a las dictaduras, pero la inmunidad en este congreso como en los anteriores solo ha servido para proteger a ladrones y violadores; esta especie no requiere de protección, requiere meterlos a la cárcel para resguardar a la ciudadanía decente.
Estos pobrecitos hombres debieron pensar en lo que les iba a suceder una vez descubierto sus negociados y latrocinios. El país necesita claridad porque las aguas turbias que hoy circulan hacen mucho daño a la democracia; el cambio tiene que ser total.
