Es muy notorio y destacable que el país en la presenta administración haya continuado por el sendero de la economía liberal y de libre mercado, y sea ese su mejor argumento para su inserción en el mundo globalizado de hoy. Actuar contra la corriente es simplemente volver a la anarquía social de prometer el reparto de una riqueza que no se genera y que más bien se despoja al que la posee, tal cual en la actualidad se produce con medidas populistas en Venezuela, sin embargo la criminalidad en ese país también se ha incrementado y es una de las primeras de la región.

El Perú si bien tiene un crecimiento económico sostenido por más de una década y a partir de él, se viene implementando políticas públicas de inclusión social, la criminalidad no ha disminuido sino se incrementa en todo el país. Ello quiere decir, que no hay una relación directa entre crecimiento económico y disminución de la criminalidad. Este hecho nos debe llevar a realizar un primer distingo y detectar la presencia de dos variables, una económica y otra social. La pregunta sería ¿por qué no se relacionan? ¿Por qué se produce el incremento de la criminalidad?

Por otro lado, el artículo 44 de la Constitución que nos rige, señala entre otras cosas que “Son deberes primordiales del Estado: …proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”. Este dispositivo como ocurre frente a los hechos delictivos de todo tipo, es un decir, porque la delincuencia en todas sus formas y modalidades se ha incrementado significativamente y se ha tornado más violenta, frente al cual la ciudadanía reclama una atención inmediata y eficaz entorno al problema, que lamentablemente tarda en llegar o las normas aprobadas están dirigidas contra aquellos delincuentes que ya están en las cárceles pero no contribuyen a prevenir. Estamos hablando de los siguientes dispositivos: ampliación de la inaplicabilidad de los beneficios penitenciarios y autorización al juez a aumentar la pena, en un medio o un tercio, a los reincidentes o habituales en delitos de homicidio grave, trata de personas, hurto agravado, extorsión, violación, entre otros; también aquellas que limitan los regímenes de libertad  condicional, semilibertad y redención de pena (hasta 7×1) a este tipo de delincuentes. Que como se ve no son suficientes ni tienen carácter preventivo.

Si bien la delincuencia siempre ha existido, recién desde hace una década en el Perú y en otros países de Latinoamérica se habla y escribe mucho sobre Seguridad Ciudadana, concepto que sirve para distinguirlo o diferenciarlo de la Seguridad Nacional, cuyo centro de atención está orientado a resolver los problemas de soberanía territorial y en el que las fuerzas armadas cumplen un papel vital.

La Seguridad Ciudadana en contrario, tiene un alcance preventivo dirigido a hacer frente a la delincuencia llamada tradicionalmente común y ahora también a la delincuencia organizada que actúa en el territorio y mantiene nexos con el exterior. En este sentido, Naciones Unidas define la Seguridad Ciudadana como la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros. También se refiere a las Políticas Públicas orientadas a controlar o eliminar  las amenazas a la seguridad de la población y a brindar protección a la misma.
Este distingo entre la Seguridad Nacional (y Defensa Nacional) y Seguridad Ciudadana es fundamental y clave para entender el problema que hoy vive el país; ya que la Seguridad Ciudadana implica la protección de la integridad física y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas.

Sin embargo las medidas recientes adoptadas por los últimos gobiernos tienen más un carácter represivo y excluyente. Ven el problema como una dicotomía donde hay que proteger a los buenos y reprimir a los malos. No se aprecia un enfoque integral que comprenda a todos los ciudadanos en general los buenos y los malos.

Falta pues un diagnóstico que sirva de soporte para la adopción de medidas y la formulación de políticas públicas que garanticen la protección de todos los ciudadanos, y si lo hubiera, los hechos demuestran que es totalmente deficiente. El diagnóstico que reclamamos debe explicarnos: ¿cuáles son los perfiles sociales, económicos, sicológicos, culturales y educativos de quienes cometen los diversos tipos de delito? ¿Cuáles son las características de la socialización que reciben, antes y después de delinquir?

Como la delincuencia también está asociada a la corrupción que existe en las comisarías y las prisiones: ¿Se conoce si los sistemas de reclutamiento del personal son totalmente idóneos? ¿Se conoce cuántos de los custodios del orden, provienen de los grupos delictivos? ¿La socialización de tres meses es suficiente para convertirlo en un representante del orden y la ley? ¿Se ha determinado que la eliminación del Servicio Militar Obligatorio, ha dado pie al surgimiento de las pandillas y la delincuencia juvenil? ¿No es acaso cierto que cuando existía el Servicio Militar Obligatorio, alrededor de 130 mil jóvenes anualmente eran reclutados y esa energía que hoy se dedica a la actividad delictiva era canalizada por el aprendizaje que se les proporcionaba en los recintos de las Fuerzas Armadas para posteriormente salir como mecánicos, electricistas, digitadores, choferes, etc.?
Pues bien si existiera un diagnóstico integral, que involucre a los buenos y a los malos, el Estado o un sector de él no estaría queriendo optar por el empleo de medidas extremas como la pena de muerte. En democracia ello no cabe porque tendríamos que renunciar a organismos internacionales y el barullo político, simplemente serviría para distraer a la gente, y los delincuentes y los corruptos estarían de plácemes.

El país requiere de medidas intermedias, medidas que sean la expresión de un reconocimiento serio de la existencia de un problema que aqueja a la sociedad, y como dice el especialista el Seguridad Ciudadana Enrique Muller Solon, se hace necesario tener en cuenta cuatro modelos que sirven para prevenir el delito:
a) prevención social del delito, que servirá para interrumpir la carrera delictiva neutralizando los factores de riesgo;
b) prevención situacional del delito, que servirá para disminuir las conductas delictivas reduciendo las oportunidades para que éstas se manifiesten;
c) prevención multiagencial del delito, para que no sólo haya una cooperación entre las diversas unidades encargadas de su control sino también para que se conformen Comités de Seguridad Ciudadana; y
d) prevención comunitaria del delito, para poder articular todas las estrategias con participación efectiva de la sociedad.

El problema es serio, no requiere postergación, requiere una acción concertada de todos los sectores sociales, políticos, económicos, empresariales, religiosos y sindicales, todo ello bajo la conducción de un liderazgo creíble y confiable por la ciudadanía en general. Lamentablemente la comisión que preside el Presidente de la República sólo se reunió una vez bajo su liderazgo pero a pesar del tiempo transcurrido y la gravedad del problema que afecta a toda la ciudadanía del país, aún no se aprecia una propuesta que se inicie con los contenidos educativos de civismo y moral, que generaciones anteriores recibieron y hoy han desaparecido de los planes escolares en primaria, secundaria y universidad. La prevención es básicamente educación y sin ello nunca tendrá la persona la posibilidad de hacer un acto reflexivo frente a la tentación de delinquir. Así están las cosas.

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