La veintena de candidatos, “políticos de las circunstancias” que aspiran llegar a gobernar a más de 33 millones de frustrados e insatisfechos peruanos, en su mayoría no tienen formación política, ni filosófica, mucho menos jurídica; pese a ello, a más de uno se le escuchó pedir que la Constitución vigente de 1993, debe ser cambiada en su totalidad.
Las ligerezas de estos personajes y otros grupos, principalmente los de las varias versiones de la izquierda marxista, permiten construir una tipología de las razones por las que consideran debe ser cambiada:
- Un primer grupo entre los que se encuentran los izquierdistas, señalan que es un instrumento impuesto por la dictadura de Fujimori.
- Otros piden que la Constitución no debe llevar la firma del dictador; estos señores no saben que Alejandro Toledo logró que dicha firma fuese retirada.
- Los que consideran que es una Constitución neoliberal al servicio del capital foráneo y, por tanto, el capítulo económico debe ser barrido, y
- Los que repiten el coro de voces y no saben por qué ni para qué sirve la Constitución, pero dicen, debe ser cambiada, en este tipo se ubican la mayor parte de desinformados.
Mi comentario, va dirigido a todos los que, sin fundamentarse previamente o por interés ideológico, cerradamente piden el cambio. A ellos, y a la izquierda marxista les quiero recordar, que la China de hoy, que compite y está próximo a desplazar a los Estados Unidos en la hegemonía económica y tecnológica mundial, se tuvo que convencer que el modelo socialista practicado por Mao Tse Tung hasta su muerte en 1976, garantizaba la pobreza y el subdesarrollo. En cambio, a partir de 1978 la nueva dirigencia representada por Deng Xiaoping, consideró que era inevitable adoptar el modelo capitalista, ahora dicen con “características chinas”. Este modelo que Mao, cuestionaba, se caracteriza por abrirse al mercado internacional, reconocer la propiedad y la inversión privada, entre otras modernizaciones que les ha permitido generar mayor plusvalía que se orienta a los programas sociales, desarrollo, seguridad y defensa nacional.
Esta apertura al capital foráneo desde hace cuarenta años, ha permitido que, en la zona industrial de China, se encuentren instaladas y funcionando, 70 mil empresas americanas que producen de todo, y por eso se califica a China como la fábrica del mundo. No son 7, ni 7 mil, son 70 mil empresas exportadoras que aprovecharon la mano de obra barata de dicho país. Al respecto el expresidente Donald Trump, exigió y dio una serie de ventajas e incentivos para que las empresas americanas regresaran a Estados Unidos; la frase que el expresidente Trump repitió durante los cuatro años de su gestión, era que Estados Unidos no podía estar dando trabajo a población que no es americana, y su frase “America First” le permitió ganar la elección presidencial y en mérito de esta frase se retiró de varios organismos internacionales de comercio y la propia Organización Mundial de la Salud, al que dijo que no podía seguir dando aportes que beneficien a otros que no sean los propios norteamericanos.
Ahora bien, hay que reconocer que al margen de las circunstancias políticas internas en las que se dio la cuestionada Constitución de 1993, la Constitución de 1979, ya no encajaba por su concentración en el rol empresarial que asumía el Estado. Sobre el particular, según esa Constitución el Perú llegó a tener 220 empresas públicas, que arrojaban pérdidas y eran financiadas vía el presupuesto; dicho de otro modo, con los impuestos de la nación se premiaba la ineficacia para que funcionen las empresas del Estado.
También hay que destacar que hacia 1990 el mundo ya no era el mismo, se había producido la caída del Muro de Berlín en 1989, dos años después en 1991, se extinguía la URSS; la Guerra Fría llegaba a su fin y el mundo ingresaba a una nueva etapa de comercialización global que se vino a llamar globalización. En Inglaterra Margaret Tacher, en Estados Unidos Ronald Reagan y en el lado académico la Universidad George Washington, proponían los dos primeros el acceso a la inversión privada y la universidad que desarrolló un recetario económico para los países de Latinoamérica que se conoce con el nombre del Consenso de Washington cuyas 10 recetas pasaban por recomendar que un país no puede gastar más allá de lo que produce y el Estado se convertía un regulador de las actividades del Estado y la sociedad.
Este fue el contexto internacional y nacional que rodeó la elaboración de la Constitución de 1993; de modo especial el Capítulo Económico, señala que la iniciativa privada es libre, el Estado garantiza la libertad de empresa, se garantiza la pluralidad económica, entre otros aspectos. Lo cierto es que esta Constitución permitió que el Estado se capitalice, que la actividad exportadora se ampliara a una variada gama de actividades no tradicionales como fue el caso específico de la agricultura y la actividad turística.
Ahora bien, que las empresas sean explotadoras y los recursos del Estado se estén entregando al capital foráneo, es otra cosa. Ese aspecto corresponde al quehacer de los congresistas, ellos son los que deberían dar las leyes para que regulen mejor la generalidad que contienen los artículos constitucionales del capítulo económico, principalmente; así como la de los otros capítulos que también se cuestionan. Esta Constitución ha permitido que la Alianza del Pacífico conformada por México, Colombia, Chile y el Perú, tengan el éxito logrado ya que los cuatro países tienen en común el respeto a la propiedad y el capital privado y porque además los tres primeros son miembros plenos de la OCDE. Lo mismo no se puede decir de MERCOSUR, que es una asociación que responde a consideraciones políticas del llamado Socialismo del siglo XXI, fijadas en su oportunidad por Hugo Chávez presidente de Venezuela y Lula Da Silva, presidente de Brasil.
Muchos dirán y cómo es que Chile con un éxito económico notorio en los últimos veinte años, ha sido objeto de revueltas para exigir el cambio de Constitución; la respuesta es simple, ello ocurrió porque los legisladores chilenos no hicieron nada para que se hiciera una mejor redistribución de la riqueza expresada en la salud, la vivienda, el transporte y la educación, principalmente. Un ejemplo más, Alemania que es capitalista, con Ángela Merkel, no permitió que el “capitalismo salvaje”, instalado en una cadena de servicios de alimentos pagara mal a los trabajadores alemanes, les dijo a los empresarios norteamericanos que se tenían que retirar porque en ese país no se permite la explotación de los trabajadores.
No hay mucho que discutir sobre el cambio de Constitución, lo que los congresistas que lleguen en abril y el gobierno que conduzca el país, solo tienen que asumir el rol que asigna la Constitución de 1993 y modernizar lo que haya que hacerlo, pero fundamentalmente, son las leyes adecuadas las que corrigen los vacíos que siempre existen. El resto es grita efectista.
