Mientras el fallecido y reelegido Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan entre 1997 y 2006, condujo el organismo internacional, los conflictos internos en el medio oriente eran constantes; dictaduras con más de 40 años, abuso de autoridad, encarcelamiento y muerte de opositores. En esas circunstancias, Annan preguntó a los gobernantes en una Asamblea General ¿hasta cuando vamos los dirigentes del mundo a seguir observando los actos genocidas que contra su propia población practican diversas dictaduras del planeta?
Frente a tamaña pregunta se nombró a un grupo de académicos representantes de los principales países y dos años después entregaron el libro “La Responsabilidad de Proteger”. En ese documento se explicaba que el Estado como institución representativa de una nación, había sido creado para proteger a la población y para ello su principal preocupación es la de crear las condiciones que hagan posible que las personas puedan generar su propio desarrollo en el ejercicio de su plena libertad individual.
Ese documento, frente a los temas violatorios de los derechos humanos en países del medio oriente como el de Libia que era gobernado por el dictador Muamar Gadafi, estableció y reconoció la existencia de cuatro tipos de crímenes execrables y repugnantes que conmocionan la conciencia de las personas: 1. El genocidio; 2. Los crímenes de guerra; 3. La limpieza o depuración étnica, y 4. Los crímenes de lesa humanidad. Con este documento, Naciones Unidas autorizó el derrocamiento del gobernante de Libia, coronel Muamar Gadafi, para lo cual con la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, se autorizó la adopción de “todas las medidas necesarias … para proteger a los civiles que estén bajo amenaza de ataque”. Días después, su propia tropa eliminó a tal dictador que permanecía por décadas en el poder. También cabe mencionar que desde el 2005, esta responsabilidad de proteger se ha convertido en doctrina de seguridad de Naciones Unidas.
“La responsabilidad de proteger”, es la idea de que los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos de:
- Las catástrofes que pueden evitarse,
- De los asesinatos masivos,
- Las violaciones sistemáticas y
- La inanición, las migraciones forzadas pero que si no quieren o no pueden hacerlo, esa responsabilidad debe ser asumida por la comunidad de Estados.
A guisa de qué viene este recordatorio de lo ocurrido con el dictador libio, Gafadi. Porque para solo hablar de Latinoamérica, desde la tercera década del siglo XX se han instalado gobiernos autoritarios que han hecho trizas de las democracias, han implantado dictaduras que solo benefician a sus allegados civiles y a los militares y policías que los sostienen y las economías de sus países han ingresado a etapas críticas donde la inversión nacional e internacional ha sido corridas; la población vive en la pobreza, miles están desocupados, se han producido quebrantos en su salud y el futuro del país y de sus habitantes es totalmente incierto.
Estos hechos han propiciado las migraciones masivas de miles de habitantes que en su mayoría se dirigen a Estados Unidos a través de la frontera de México. A esta zona llegan ciudadanos procedentes de Guatemala, Honduras, Haití, y también venezolanos.
La migración más intensa es la que se viene produciendo desde Venezuela, que según los organismos especializados más de 8 millones de personas han migrado a diversas partes de América del Sur y están concentrados en Ecuador, Colombia, Perú y Chile, hay otras que han llegado a Argentina y muy pocos a Brasil. En el Perú de modo concreto preocupa la migración venezolana, pero no de aquellas que vinieron en la primera y segunda ola, vale decir los profesionales y los técnicos que, rápidamente se incorporaron al proceso productivo y de servicios del país. Incluso según el INEI con sus trabajos están contribuyendo al incremento del PBI. También se han producido matrimonios y convivencias de peruanos y peruanas con venezolanos de ambos sexos; de modo que ya hay una generación de niños peruano-venezolanos y viceversa. Todo ello en una muestra de aceptación y tolerancia con el proveniente de un país cuyo gobierno prácticamente los expulsa, o ellos se ven forzados a buscar nuevos horizontes para desarrollarse.
Lo que sí ha generado muestras de rechazo, es la tercera ola de venezolanos, cuya conducta está asociada a la delincuencia, lo que ha dado lugar a que algunos medios y en algunos lugares se produzca un rechazo xenofóbico contra todos los venezolanos, lo que no es cierto.
Considero que así como Cofi Annan se preguntó que hacemos con las dictaduras prepotentes y abusivas, también deberíamos en la región Latinoamericana los gobiernos e instituciones democráticas preguntarse ¿Qué hacemos con aquellos gobiernos que se instalan y recurren a todas las argucias legales para mantenerse en el poder? ¿Qué hacemos con gobiernos como el de Nicolás Maduro que produce expulsiones masivas de sus nacionales?
Si el Estado tiene la responsabilidad de proteger al ciudadano, considero que la comunidad internacional tiene que ser más creativa para exigir que estas dictaduras prepotentes y abusivas dejen el poder para que la ciudadanía elija a quienes deben gobernar y crear las condiciones económicas y sociales para que las personas y sus hijos se puedan desarrollar y puedan alcanzar el bien común al que tienen derecho las personas.
No puede ser que la preocupación se concentre en todos los expulsados por la incompetencia de sus gobiernos autoritarios y estos sujetos sigan gobernando porque se debe respetar la soberanía de cada país, no importando cuan abusivos sean estos gobernantes que se sostienen a sangre y fuego. Y como dice el documento inicial de Naciones Unidas sobre las migraciones forzadas como es el caso que comentamos: “Si los gobiernos no protegen a sus ciudadanos y provocan las migraciones forzadas … esa responsabilidad debe ser asumida por la comunidad de Estados”.
