El viernes 27 de mayo del año en curso, se dictó sentencia en Buenos Aires por los crímenes de lesa humanidad cometidos por seis dictaduras que gobernaban en el cono sur en la década del 70. En aquella época, existían en la región dictaduras de derecha, la dirigían militares o en alianza con civiles como el caso de Uruguay. Estas dictaduras practicaron lo que se conoce como “terrorismo de Estado”, vale decir, la Constitución queda de lado, se imponen los decretos-leyes y comisiones especiales legislan a ese Estado todo poderoso en el que se convierte la dictadura.
El gobierno en nombre del Estado adopta métodos ilegales, hace uso de la coacción, se practica la tortura, el secuestro y es práctica común la ejecución extrajudicial. Los opositores políticos se convierten en automático en enemigos del Estado, y el trato que se les da es de enemigos internacionales donde ni las leyes de la guerra son respetadas, lo grave es que estas acciones ilegales se ponen en práctica contra sus propios connacionales.
Todo esto que forma parte de la teoría construida a partir de las experiencias dictatoriales de la región, se convirtió en una práctica común cuando en la década de los años 70 del siglo pasado, seis dictaduras se pusieron de acuerdo y el 28 de setiembre de 1975 los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay autorizaron a que los jefes de los Servicios de Inteligencia, acordaron “promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene la Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. Este plan de exterminio de los opositores se encubrió bajo en nombre Plan Cóndor.
Estas instituciones actuaron ilegalmente en la región que dio como resultado el secuestro, la tortura y la desaparición de 105 ciudadanos de los seis países. Hoy se conoce que si bien Brasil no firmó el acuerdo pero si participó en el llamado plan de exterminio de sus connacionales. La persecución de los opositores se realizó en toda América y Europa.
El juicio que se inició el 2013 llegó a su fin la con sentencia de los últimos personajes identificados como responsables de ese regional de asesinato de opositores políticos. Para reconstruir los hechos fue necesario ubicar cuatro millones de fotogramas que aportó el Museo del Horror de Paraguay. Se accedió a 44 mil documentos desclasificados de Estados Unidos sobre Chile y 3 mil sobre Argentina; también se pudo contar con 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y 90 legajos de las fuerzas armadas y cientos de testimonios de personas de las nacionalidades de los seis países involucrados.
Estados Unidos no fue ajeno a estos hechos de las dictaduras porque les proporcionó una base en Panamá donde coordinaban sus operativos.
Ojalá que en la región no se instalen dictaduras como las que están concluyendo jurídicamente en la región y la justicia ponga en su sitio a los usurpadores de izquierda o derecha que arrebatan el poder que nace del voto popular.
